Raquel Tenías pide responsabilidades a Cifuentes por su acusación tras el 22-M

Raquel Tenías, la zaragozana absuelta de las acusaciones de desórdenes tras participar en la capital en las marchas por la dignidad del 22 de marzo de 2014, ha pedido responsabilidades políticas a la entonces delegada del Gobierno en Madrid y actual presidenta de esa Comunidad, Cristina Cifuentes.

Una petición que está respaldada por el Grupo de Apoyo a Raquel, cuya portavoz, Paloma Lafuente, ha asegurado este jueves en Zaragoza que, aunque desconocen si tienen capacidad de solicitar esas responsabilidades, esperan que su petición "llegue a algún lado".

El Grupo de Apoyo, encabezado por la propia Tenías, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de la reciente sentencia que la absuelve de los cargos de desórdenes y agresión a las fuerzas de seguridad, por la que el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado le pedían 4 años de cárcel, y para agradecer el apoyo de los medios de comunicación, ciudadanía, instituciones y organizaciones de todo tipo durante todo el proceso.

Un proceso que culminará el próximo día 21 con una fiesta reivindicativa por los derechos civiles que se celebrará en el Centro Cívico La Almozara de Zaragoza, en la que se leerá el manifiesto 'No tengas miedo' y se dará a conocer el dinero recaudado en esta causa.

Aunque la celebración supone el cierre de este "doloroso" capítulo en la vida de Raquel Tenías, su compañera del Grupo de Apoyo Nerea Agreda ha recordado que la lucha por los derechos y libertades continúan porque sigue habiendo otras causas abiertas en la que esta sentencia va a servir de precedente.

Tenías, militante de IU, fue juzgada el pasado 25 de noviembre por supuestamente arrojar objetos y derribar vallas para dificultar la labor de la policía, de lo que ha salido absuelta, según el contenido de la sentencia que ha hecho público la afectada, porque las declaraciones de los agentes "no ofrecían garantías de credibilidad precisas para darle un valor por encima de la acusada".

Según Tenías, se ha reconocido además que las cargas fueron "indiscriminadas y violentas" con el objetivo de "generar miedo y desanimar a la ciudadanía" y que existía "una postura política premeditada por parte de la Delegación del Gobierno para generar una cortina de humo para tapar la gran movilización social".

Esta situación le ha generado una "desprotección e impunidad" por parte de los agentes del Estado y la ha obligado a un esfuerzo económico, además de personal y familiar, para defenderse de "acusaciones falsas" frente a la defensa gratuita de que han gozado los acusadores, motivo por el que ha anunciado, entre lágrimas, su deseo de exigir responsabilidades políticas a Cifuentes.