Seis trabajadoras sociales refuerzan el organigrama de la política de vivienda
Se desarrollará un seguimiento y acompañamiento de las personas a las que se les adjudica una vivienda.
La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación ha incorporado a seis trabajadoras sociales a su organigrama para reformular la política de vivienda desde una visión más social y que se sumarán a las dos que ya trabajan actualmente en este área.
Se trata de un cambio previsto dentro de un plan de reestructuración de la dirección general para potenciar la labor social vinculada al derecho a la vivienda, según han informado fuentes del gobierno aragonés. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que "es un cambio orientado a que las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón se centren en garantizar el derecho a una vivienda digna" y ha añadido que "se está en coordinación con el departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales".
La dirección general contaba hasta ahora con dos trabajadoras sociales en Zaragoza que dedicaban su labor a la mediación hipotecaria y al cumplimiento del convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los casos de desahucios.
En las subdirecciones en Huesca y Teruel la labor la desarrollaba personal del departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales con la consiguiente carga de trabajo derivada, ya que dedicaban una jornada a la semana.
La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, ha explicado que en estos momentos se han incorporado una trabajadora social en Huesca y otra en Teruel, mientras que en Zaragoza, durante los primeros meses de planificación y trabajo, están cuatro trabajadoras sociales más que, finalmente, se consolidarán en dos plazas.
El objetivo de este cambio en el organigrama es garantizar el derecho a una vivienda desde un punto de vista social y con un seguimiento que vaya más allá de "revisar una documentación y entregar las llaves de un piso", ha apuntado Andreu.
De este modo, se desarrollará un seguimiento y acompañamiento de las personas a las que se les adjudica una vivienda y se revisará la situación de las que cuentan con una vivienda social para "ver cuáles son las condiciones, si han cambiado desde la adjudicación, cuáles son las necesidades y cuál es la realidad de las personas que tienen concedida una vivienda y tomar decisiones a partir de criterios desde el punto de vista de lo social".
Además, se actualizará la bolsa de vivienda social "para revisar las necesidades y situación de las unidades familiares que tienen el derecho reconocido y para introducir nuevos criterios a la hora de adjudicar viviendas" y se continuará con las labores de mediación hipotecaria y, como novedad, de arrendamientos, entre otras.
