El PP exige paralizar la rescisión de la contrata de los barcos

El edil Ángel Lorén pide tener en cuenta el acuerdo de 2013 que eludía compensaciones y nuevos dragados.

El PP criticó duramente ayer la rescisión del contrato de la navegación fluvial por 300.000 euros, aprobada por el último Gobierno de Zaragoza en Común, y exige la "paralización" del acuerdo ya que considera el expediente "incompleto" al no constar en el mismo un documento firmado en 2013 "donde se exime al Ayuntamiento de cualquier indemnización", afirmó el concejal popular Ángel Lorén. El PP, asimismo, ha pedido al alcalde que los servicios jurídicos informen de dicha acta, de carácter ejecutivo, suscrita entonces por Ayuntamiento y concesionaria. Fuentes del Gobierno eludieron ayer ofrecer una respuesta.


Lorén destacó que el mencionado documento, en el que la empresa asume la concesión "a riesgo y ventura" y sin lugar a indemnización por pérdidas así como tampoco se contemplaban nuevos dragados, sí fue incorporado en su día al expediente de cesión de la concesión. El edil del PP considera que con ello "se protegían los intereses de la ciudad" y que el actual concejal de Economía, Fernando Rivarés, "ha descartado su validez jurídica". "Parece que actúe más como abogado de la concesionaria que en defensa de los intereses de los zaragozanos", añadió, al tiempo que consideró que esta actuación "puede causar perjuicio a la ciudad y podrían incurrir en administración desleal de la institución".


"La disposición de compensar con 300.000 euros sin los informes jurídicos adecuados (en referencia a los que analicen el acta de 2013) pone en una posición delicada al Gobierno", abundó este concejal. "El Ayuntamiento no tenía obligación de indemnizar", insistió.


¿Por qué este documento no fue adjuntado en los informes de rescisión de la contrata? A juicio de Lorén, "o el Gobierno no lo conocía y obró con mucha celeridad, por lo que ahora debe paralizarlo; o puede ser que, conociéndolo, tomase una decisión precipitada y las consecuencias serían peores, porque no se estarían defendiendo los intereses de los zaragozanos", esgrimió.


En el documento al que aludió ayer Lorén, se firmaban una serie de condiciones entre las cuales destacaba que esta se asumía "a riesgo y ventura", se certificaba que no había nuevas inversiones a realizar por la misma y se evitaba cualquier nuevo dragado.


Además, Lorén hizo hincapié en que el lunes, cuando se llevó a cabo el consejo extraordinario de la sociedad Zaragoza Arroba y el Gobierno aprobó dicha rescisión, "no conocíamos el expediente" y aseguró que "se tramitó en ocho días hábiles" y en este sentido también denunció lo que según los populares constituye un "doble trato" en función de si se considera a los implicados "amigos o enemigos".

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