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Zaragoza

El juez pide a Apudepa que ingrese un millón de euros para hacer efectiva la suspensión de la licencia de demolición de Averly

El magistrado pide a Apudepa que ingrese un millón de euros para hacer efectiva la medida cautelar de suspensión. Entre tanto se podrá continuar con las tareas de demolición.

Heraldo.es Actualizada 28/07/2016 a las 18:49
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Las máquinas trabajan en las naves no catalogadas desde primera hora de la mañana.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza, en un auto dictado
este jueves, ha estimado la medida cautelar de paralización del derribo de la Factoría Averly en la parte no protegida, según informa el TSJA en una nota.


El TSJA explica que el magistrado ha impuesto la Asociación AcciónPública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, conocida como APUDEPA, una caución previa de un millón de euros para hacer efectiva la medida cautelar.

El auto sigue los criterios que ya fijó hace dos años el Tribunal Superior de

Justicia de Aragón
(Sala de lo Contencioso-administrativo) en otro
procedimiento instado por Apudepa sobre un acto administrativo del

Gobierno de Aragón. Dicha caución finalmente no fue ingresada, por lo que
aquella medida no llegó a surtir efecto.


El pasado día 21 de julio se formuló una medida cautelarísima por parte de
dicha entidad, una vez iniciados los trabajos de demolición, que el Juzgado
de Instrucción nº 11 de Zaragoza no tramitó, por falta de competencia, y que
el propio Juzgado Contencioso-administrativo nº 3 de Zaragoza no tramitó
sin oír al Ayuntamiento y a Neurbe Promociones L., titular de la licencia
de demolición.

El día 27 de julio se celebró la comparecencia para oír a las partes, en la que
Apudepa instaba la paralización del derribo sin ningún tipo de caución y
Neurbe se oponía a la medida cautelar, aunque de forma subsidiaria instaba
la fijación de la caución.

En el auto se indica, citando al Tribunal Superior, que la no adopción de
medidas cautelares, por el tiempo que habrá de transcurrir hasta que se dicte
sentencia, producirá una situación irreversible por la demolición de los
edificios, lo que justifica la estimación de la medida cautelar. También se
señala que nuestro Ordenamiento Jurídico no impone al titular de la licencia
de demolición soportar los perjuicios derivados de la paralización del derribo.







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