El Ayuntamiento de Zaragoza presenta un recurso de revisión por la expropiación del Tiro Pichón
La sentencia condenaba a pagar 7,3 millones adicionales por el aumento del precio del suelo de tres fincas expropiadas.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado un recurso de revisión -basado en dos nuevos documentos desconocidos del año 1976- a la sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo con respecto a la expropiación en el año 2007 de terrenos del Club Tiro de Pichón del barrio de la Almozara.
La sentencia condenaba a pagar 7,3 millones de euros adicionales por el aumento del precio del suelo de tres fincas expropiadas para el Plan de Riberas del 2008.
Según ha informado el consistorio en un comunicado, el primer documento es un escrito de la Comisaría de Aguas del Ebro, del Ministerio de Obras Públicas, donde explica que los terrenos han sido ganados por el vertido de escombros en el cauce del Ebro con motivo de la ampliación de las instalaciones de la Sociedad Tiro de Pichón.
Aclara, además, que únicamente pueden utilizarse para viales o jardines sin que pierdan en ningún momento su carácter de dominio público y sin que se pueda construir sobre ellos.
Otro de los escritos es un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que confirma que dichos suelos son bienes demaniales y que con motivo de las obras del Plan de Riberas, tienen una alta probabilidad de inundación dentro de la zona de flujo preferente del Ebro.
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza han recomendado acudir a este recurso de revisión amparándose en que no cabe expropiar un suelo a unos propietarios cuando la titularidad de dicho suelo es pública.
De hecho, según ha apuntado el Ayuntamiento fueron los propietarios de Tiro de Pichón quienes registraron a su nombre "unos suelos que habían ganado al río depositando unos escombros".
"Según el documento de 1976 que ahora ha salido a la luz, no puede hacerse, ya que esos suelos en ningún momento pierden su carácter de dominio público", han criticado las citadas fuentes que consideran que la situación ha generado "un grave daño a los ciudadanos de Zaragoza y el enriquecimiento injusto para el reclamante".
