ZEC espera los informes jurídicos para decidir si recurre el fallo sobre Auzsa
Solo Ciudadanos ve "lógico es que se recurra", el resto de los grupos se han mostrado partidarios a esperar a conocer la opinión jurídica.
El consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha anunciado que esperará a los resultados de los informes jurídicos para decidir si recurre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula tres cláusulas de los pliegos de la contrata del autobús urbano, que ganó Auzsa.
Asimismo, todos los grupos municipales, salvo Ciudadanos, cuyo portavoz, Alberto Casañal, ya avanzado que "lo lógico es que se recurra", se han mostrado partidarios a esperar a conocer la opinión jurídica.
En una rueda de prensa para presentar el plan económico financiero, Rivarés ha informado de que se ha encargado un informe sobre las consecuencias económicas y jurídicas que tendría para el consistorio la aplicación inmediata del fallo que, ha recordado, dice que se debe anular la concesión de la contrata porque no se dio cabida a todas las fórmulas jurídicas de empresas que podían haber concursado.
En este sentido, ha recordado que había un informe de Deloitte que ya advertía, según Rivarés, que "esa no era una manera de elaborar los pliegos".
El responsable de las arcas municipales ha subrayado que hasta que no se conozcan esos informes no se tomará una decisión política y "no se descarta nada", excepto que el servicio de autobús pueda sufrir una merma.
Y es que, ha reconocido, puede haber reclamación de indemnizaciones por todas las partes y hasta de lucro cesante, así como que se recurra una parte o todas o que no recurra.
Para el consejero, esta sentencia es "una magnífica oportunidad" para plantearse el valor de las privatizaciones y el servicio de las empresas de economía social y cooperativas.
Por su parte, el portavoz del PP, Jorge Azcón, ha dicho que la sentencia "no es una buena noticia" y lo que hace es "incrementar la incertidumbre sobre el transporte público en la ciudad", mientras recuerda que su grupo ya advirtió de que los pliegos "se hicieron mal" con el apoyo del PSOE, CHA e IU.
La "desgracia", a su juicio, es que una sentencia del TSJA "no puede acarrear nada bueno ni al sistema de transporte ni a las arcas municipales".
La socialista Marta Aparicio ha apuntado que la sentencia no va contra el pliego de condiciones, sino contra la resolución del tribunal administrativo de contratos públicos de Aragón que daba el visto bueno a los pliegos.
Según la edil del PSOE, el problema es que hay dos órganos que han interpretado la norma de manera diferente y ahora otro tendrá que decir cuál es la más correcta, si la del TSJA o la del Administrativo, y no se ha pronunciado sobre la posibilidad de recurrir que compete a los servicios jurídicos.
A una semana de las elecciones, Aparicio espera que la sentencia no se utilice de manera "torticera" para otros fines porque es una cuestión técnica y jurídica y puesto que "las personas que lideraron este proceso con el anterior gobierno municipal son las mismas que lideran al servicio técnico en la actualidad", así como que no se utilice para generar expectativas sobre la municipalización.
El portavoz de Ciudadanos, Alberto Casañal, ha solicitado tanto los informes jurídicos previos a la redacción de los pliegos de condiciones como de la situación actual y un análisis concreto "de lo qué puede llegar a ocurrir".
Casañal, quien es partidario de que se recurra la sentencia, cree que va a afectar económicamente al consistorio, que tendrá que sacar la contrata otra vez a licitación, además de que todas las partes tienen la opción de reclamar daños.
El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha expresado su preocupación por las consecuencias jurídicas y económicas "muy gravosas" de la sentencia y recuerda que su grupo ya advirtió en una moción en febrero de 2013 del carácter restrictivo de los pliegos de condiciones, tanto por sus exigencias económicas como por las limitaciones que ponía para que concurriera la cooperativa de trabajadores.
Para Asensio, quien ha reprochado al PP que se abstuviera en la adjudicación, lo que se tendría que hacer es volver a sacar a licitación el proceso con unos pliegos que se ajusten a la ley de contratos del sector público, ya que ve difícil que la vía del recurso pueda prosperar, si bien, ha reconocido que lo que no quiere es que le cueste dinero al ayuntamiento y que no afecte ni a la prestación del servicio ni a la plantilla.
