El director general de Administración Local, Sergio Pérez Pueyo, ha asegurado este lunes que la premisa del Gobierno de Aragón es la de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza respecto a la Ley de Capitalidad, cuya negociación está siendo un "experimento" en la que se han implicado todos los departamentos.

Así lo ha anunciado Pueyo en su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para informar sobre el proceso de negociación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar la Ley de Capitalidad.

El responsable de Administración Local ha dado cuenta de los pasos seguidos entre ambas administraciones respecto a la metodología y calendario de reuniones y a la necesidad planteada por el consistorio de contemplar un proceso participativo una vez esté listo un proyecto normativo con rango de ley, que se tratará en una reunión el próximo 16 de junio.

"La premisa fundamental del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, es la de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento", ha reconocido Pueyo, para lo que se ha tratado de solventar las diferencias poniendo en valor los puntos comunes y de consenso, que, ha apuntado, "son la mayoría".

Hasta la fecha se han tratado cuestiones relacionadas con salud pública y otras adicciones, consumo, voluntariado, vivienda, medioambiente y espectáculos públicos, urbanismo, patrimonio, transporte y comunicaciones, servicios sociales, juventud, deporte y ordenación del territorio y falta lo relativo a las cuestiones institucionales y de financiación.

Ya hay acuerdo en los artículos relacionados con protección civil, mujer, voluntariado, solidaridad, fomento económico y empleo.

En opinión de Pueyo, la ley "va a ser una herramienta potente, que reconocerá la singularidad de Zaragoza y potenciará la integración de la ciudad en el entramado de la comunidad autónoma" al tiempo que ha destacado que su negociación está siendo "un auténtico experimento" porque por primera vez ha contado con la implicación de todos los departamentos del Gobierno de Aragón.

Por lealtad ha rechazado adelantar aspectos del modelo de financiación, salvo decir que "el que se venía plasmando no era del todo satisfactorio", así como que no debe estar sujeto a la voluntad política.

Sí que ha reconocido que no comparte "el fondo de capitalidad como indemnización" como baraja el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés. "Otra cosa -ha dicho- es que tenga acceso a la financiación como tienen todos los municipios salvo las tres capitales de provincia, una anomalía que hay que solventar".

Carmen Martínez, de CHA, ha recalcado la transversalidad que le ha dado el ejecutivo al implicar a todos los departamentos y ha destacado la importancia de cerrar el mapa comarcal para que no haya agravios comparativos en cuanto a competencias o la forma de ordenar el territorio y dar a los vecinos los mejores servicios en su ciudad.

El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez, quien ha reconocido que se trata de un asunto "muy laborioso", se ha mostrado de acuerdo en decidir primero qué competencias se asumen y luego cuánto cuestan y ha abogado por un proceso participativo con garantías.

La portavoz del PAR en la Comisión, María Herrero, quien no ha podido asistir a la comparecencia del director general por un despiste de horario, se ha mostrado sorprendida de que se diga que los escollos están en la redacción y, en el ámbito de la financiación de los municipios, ha advertido de que es competencia del Estado, por lo que no apoyará que se quite dinero a la comunidad autónoma de servicios básicos para solucionar el problema del Ayuntamiento de Zaragoza.

Herrero también ha advertido de la dificultad que plantea esta negociación si no se cierra la reordenación de competencias de todo Aragón, a lo que el director general le ha reconocido que por metodología "hubiera sido lo más correcto pero no va a alterar mucho el régimen competencial".

Para Alfonso Claveria, de Podemos, "el tema que subyace es la insuficiencia financiera en ambas instituciones y la tensión de tesorería" por lo que cree que la cuantificación de la ley es "clave" porque "hasta que no se cuantifique" no se acabará "el puzzle".

Desde el PP, Miguel Ángel Lafuente ha señalado que "la realidad es que no hay texto en estas Cortes" y que el objetivo ha sido diferir un año la decisión, que "ya estaba tomada", porque "en el presupuesto de 2016 no tenían dinero para poner".

Le ha reprochado al director general que haya dicho que es un experimento de participación porque en los anteriores también se había dado y ha criticado que se haya organizado una reunión el 22 de junio, a cuatro días de las elecciones, para hablar de la financiación.