​Zaragoza no contratará a empresas que operen en paraísos fiscales

De acuerdo con este decreto, se establece una cláusula-tipo para incluir en los pliegos administrativos.

Alberto Cubero durante una rueda de prensa en el Consistorio.
Alberto Cubero durante la rueda de prensa de este martes en el Ayuntamiento.
Ayuntamiento de Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza ha impulsado un decreto que imposibilita a aquellas empresas que hayan sido condenadas por realizar actividades ilícitas en paraísos fiscales a contratar con el consistorio.


Si esta condena fuera sobrevenida, sería motivo de rescisión de un contrato, al incluirse esta cláusula como esencial y causante de falta muy grave que podría motivar la resolución contractual, informa el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.


De acuerdo con este decreto, se establece una cláusula-tipo para incluir en los pliegos administrativos que establece que las empresas que concurran a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales (según la lista elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español).


Además, las empresas licitadoras suscribirán una Declaración de Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa que tendrá por objeto el compromiso de no realización de prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal.


En el supuesto de que una vez formalizado un contrato público municipal se verifique la falsedad de la declaración de la empresa contratista, se considerará infracción muy grave con imposición de penalidades y/o en su caso resolución del contrato.


De acuerdo con este decreto también se faculta al alcalde de Zaragoza para que comparezca en el procedimiento iniciado por el Pleno de las Cortes de Aragón recabando informe a la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma sobre los extremos que versan en la proposición no de Ley número 182/16 sobre paraísos fiscales en la contratación pública.


El objetivo es que el informe solicitado sea trasladado a este Ayuntamiento y proceder a la redacción de nuevas cláusulas contractuales que excluyan de la contratación a empresas vinculadas a paraísos fiscales.


En la próxima reunión del Observatorio de la Contratación se dará cuenta de este decreto y, en todo caso, se va a solicitar informe a la asesoría jurídica antes de su aprobación.


Según ha señalado el consejero de Servicios Públicos y Personal y presidente del Observatorio de la Contratación, Alberto Cubero, durante la presentación del decreto el decreto es "un paso más en nuestra política de compra pública responsable que abandona los criterios economicistas de conceder los contratos a la oferta más barata y tiene muy en cuenta la responsabilidad social de las empresas".


Los paraísos fiscales forman parte fundamental de la economía global y permite que miles de multinacionales de todo el mundo las utilicen para no pagar impuestos y que criminales que obtienen dinero de la corrupción, el tráfico de drogas o de armas depositen allí sus ingresos e incluso se sirvan de estos países para blanquear su dinero negro, según el Ayuntamiento.


Actualmente, en torno a 7,6 billones de dólares se encuentran en paraísos fiscales, una cifra que supera el PIB del Reino Unido y Alemania juntos.


Se estima que los países dejan de recaudar 190.000 millones de dólares fruto de la evasión fiscal, de los cuales más de la mitad del fraude se genera en países empobrecidos.


Dichas fuentes señalan que los papeles de Panamá han puesto en evidencia una realidad que no tiene ninguna función económica más allá de permitir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales.


El estado español pierde 8.250 millones al año por la evasión fiscal de las multinacionales, es decir, por el hecho de que estas grandes empresas paguen impuestos en un país donde no realizan la actividad que les genera los beneficios.

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