El Ayuntamiento de Zaragoza deberá pagar a Tuzsa, antigua concesionaria del transporte de autobuses público de Zaragoza, entre 11 y 15 millones de euros y no los 49.090.730 euros que reclamaba la empresa derivados de una revisión de precios que aprobó el anterior Gobierno municipal socialista.

Así lo ha señalado a los medios el consejero de Economía y Cultura del Gobierno de Zaragoza en Común, Fernando Rivarés, tras analizar con los técnicos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que desestima la reclamación de la empresa.

Como aspectos positivos, el concejal ha destacado que la decisión del TSJA sienta un precedente para "este y para todos los ayuntamientos de España porque ahora nos permite demostrar como la mano de obra no es un argumento a favor de las contratas sino de los municipios".

La sentencia anula el acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el que se aprobaba la revisión del precio/coche/kilómetro para el año 2009, por haberse incluido el efecto de la variación de los precios de la mano de obra.

Rivarés recuerda que el pasado mes de febrero el Ayuntamiento también recurrió, a pesar de la oposición del PP, la sentencia que condenaba al Ayuntamiento a pagar a FCC 11 millones por una cuestión similar, por lo que cree que con este precedente "seguramente saldrá a nuestro favor pagar una cantidad menor".

"Lo que no puede ser ni decente, ni normal, ni razonable es que un ayuntamiento firmara con una contrata por una cantidad establecida en los pliegos de condiciones y al día siguiente la cuantía económica ascendiera a un, como mínimo, 9% más, porque se imputaba los supuestos costes de mano de obra", ha denunciado.

El responsable de las arcas municipales cree que a partir de ahora, para todas las demás contratas, tanto las pendientes de resolución como las que han apelado, como la de FCC, "la razón la tiene este Ayuntamiento", ya que "la mano de obra no computa y las contratas tienen que atender el servicio por la cantidad que se establece en los pliegos". La parte negativa es que el Ayuntamiento, ha lamentado, suma otros 15 millones de euros a la deuda que ya tenía por otras sentencias.

En este sentido, ha recordado que desde agosto de 2015, dos meses después de tomar posesión, ya defendía la necesidad de abonar a las contratas la parte económica en la que se está de acuerdo y dejar para el pleito la parte en la que hay diferencias, "porque así se evita aumentar en mucho los intereses que predeciblemente, cuando la condena sea efectiva, haya que asumir".

Según Rivarés, si en su día el Ayuntamiento hubiera pagado la parte de los 11 millones en los que había acuerdo con Tuzsa, "hoy la sentencia sería mejor" y aunque no son los 50 millones que reclamaba la empresa "se les sigue debiendo 11 más los intereses de lo impagado", lo que calcula que ascenderá a 15.

"No se puede imputar la mano de obra después de la aprobación de los pliegos. No puedes subirme el coste de un servicio un 9 % porque decidas que aumentan los costes de servicio cuando todo el mundo sabe y sufre que el IPC sube menos y los salarios incluso bajan".

De momento, el Ayuntamiento acumula deudas de unos 15 a Tuzsa, los 11 que están apelados de FCC más los que están pendientes de otras sentencias, por lo que Rivarés ha anunciado la intención del Ayuntamiento de acogerse al nuevo fondo de impulso si se convoca.