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Zaragoza

El TSJA da la razón al Ayuntamiento y puede evitar el pago de más de 30 millones a Tuzsa

El fallo ratifica la tesis del Consistorio de que estuvo casi tres años pagando de más a la contrata. El criterio fijado afectaría a las demandas por 45 millones que la empresa reclama en los tribunales.

Javier L. Velasco. Zaragoza Actualizada 06/05/2016 a las 14:27
Varios autobuses urbanos circulan por el centro de Zaragoza.Oliver Duch

Las maltrechas arcas municipales podrían recibir un importante respiro. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón parcialmente al Ayuntamiento en el millonario conflicto que le enfrenta con Tuzsa, anterior contrata de autobús urbano, a cuenta de las revisiones de precios de 2009. El fallo no hace referencia a las consecuencias económicas inmediatas que tendrá para el Consistorio, pero se calcula que un desenlace desfavorable podría haber supuesto el pago de más de 30 millones. El Gobierno de ZEC, de hecho, ya contaba con que este año tendría que abonar más de 45 millones a Tuzsa por todos los frentes judiciales que tiene abiertos, que ahora podría reducirse sustencialmente.

La sentencia –que es firme y ante la cual, en principio, no cabe recurso– afecta a la demanda de lesividad que presentó el Ayuntamiento contra Tuzsa. Se trata de un procedimiento judicial en el que la administración advierte a los tribunales de que ha tomado una decisión que ha sido dañina para sus propios intereses. En este caso, el anterior Gobierno socialista consideró que estuvo casi tres años pagando de más a la contrata del autobús, al haber aprobado unas revisiones de precio supuestamente incorrectas que beneficiaban a Tuzsa –que, como consecuencia, estuvo cobrando más de lo debido–.

El reciente fallo del TSJA anula el acuerdo del Gobierno municipal del 7 de junio de 2010 en el que se aprobó la revisión de precios para el año 2009, y dice que deberá "sustituirse por otro" con los criterios que se citan en la sentencia. En concreto, señala que deberá excluirse "el efecto de la variación de los precios de la mano de obra". Se trata de una sentencia contraria a la dictada en primera instancia por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2, que desestimó la reclamación de lesividad presentada por el Gobierno socialista por considerarla "incoherente" y "extemporánea". Ahora, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA habla de algunas apreciaciones "erróneas" en aquella sentencia y de interpretaciones que "no comparte".

45 millones de reclamación

Como consecuencia, da la razón al Ayuntamiento y anula el acuerdo del Gobierno de junio de 2010. Con aquella decisión, el Consistorio aprobó la revisión de precios del autobús urbano en base a una fórmula polinómica. Sin embargo, un informe posterior de la Universidad de Zaragoza, firmado por los profesores Gimeno Feliú y Bernal Blay, advirtió de que esa revisión de precio fue incorrecta, ya que no contempló la Ley de Contratos de 2007. El documento, en el que se basó el Ayuntamiento en su recurso de lesividad, dice que no se tenían que incluir en las revisiones los costes salariales de la plantilla del bus, algo que ahora avala el TSJA.
De ese error en la revisión de precios salía beneficiada Tuzsa, que estuvo cobrando de más por estos conceptos. Según calculó en su día el Ayuntamiento, se pagaron indebidamente 16,6 millones entre enero de 2009 y noviembre de 2012. Al darse cuenta del error, el Consistorio dejó de pagar a Tuzsa. En concretó, dejó de abonar 23,1 millones de euros, lo correspondiente a las certificaciones entre diciembre de 2012 y junio de 2013.


Ante estos impagos, la empresa comenzó a reclamar la situación en los tribunales. Actualmente tiene demandas presentadas en las que pide un total de 45 millones de euros al Ayuntamiento: los 23,1 de los citados siete meses y otros 22 por impagos correspondientes a revisiones de precios y a intereses generados. Según fuentes jurídicas consultadas, el criterio fijado por el TSJA afectará a estas reclamaciones, que siguen abiertas en la vía contencioso administrativo.


Con la reciente sentencia, el Ayuntamiento tendrá que recalcular las certificaciones a Tuzsa en base a las nuevas revisiones de precios. Las primeras estimaciones hablan de que el Consistorio tendrá que pagar a la empresa unos 15 de los 45 millones que se reclaman. Son los que corresponden a la parte de las siete certificaciones que sí se facturaron correctamente. En cualquier caso, habrá que ver qué reacción hay por parte de Tuzsa, que ayer no quiso entrar en valoraciones a la espera de un análisis de la sentencia por sus servicios jurídicos.







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