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Zaragoza en Común

El Ayuntamiento no subirá los servicios mínimos del autobús

El Gobierno de ZeC hará una auditoria a Auzsa sin plantear otras soluciones.

Efe. Zaragoza Actualizada 30/03/2016 a las 18:22
"Aquí los únicos que pagamos somos los ciudadanos"


El Gobierno de Zaragoza en Común ha anunciado este miércoles la puesta en marcha del proceso para la realización de una auditoría a Auzsa, concesionaria del transporte público de la ciudad, para conocer su estado económico, y no se plantea incrementar los servicios mínimos de la huelga tras 112 días de paros.

Lo que ha solicitado el gobierno de la ciudad a los trabajadores es que suspendan la huelga mientras se realiza la auditoría, que se encargará a una empresa externa, según han anunciado en rueda de prensa el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y la concejala de Movilidad, Teresa Artigas.

Ambos ediles han comparecido en rueda de prensa para valorar el resultado del referéndum convocado ayer por los trabajadores de Auzsa en el que el 74 % de los participantes rechazaron la última propuesta de la empresa, y que ha permitido, según Cubero, "conocer la postura de la plantilla".

El equipo de gobierno insiste en que la negociación colectiva es la vía para solucionar este tipo de conflictos, si bien Cubero considera que la empresa "tiene que hacer una reflexión sobre el resultado de ayer y seguramente tenga que ceder también en esa mesa de negociación".

Aunque Auzsa había condicionado volver a reunirse con los trabajadores a que se suspendan los paros, desde el gobierno se le ha instado a seguir negociando "sí o sí", ha apuntado Artigas, quien se ha alegrado de que los trabajadores hayan solicitado este miércoles al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) una nueva reunión.

La concejala ha reiterado que el ayuntamiento "no va a poner ni un euro de dinero público porque la salida al conflicto tiene que venir del beneficio industrial y no de la ciudadanía".

Mientras que, según Alberto Cubero, "la posición de los trabajadores tiene la legitimidad de un referéndum", el argumento de la empresa de falta de viabilidad económica "no es objetivable".

Es por lo que se va a pedir una auditoría "para saber si es verdad que la viabilidad de la empresa está en riesgo y no hay margen de negociación", ha explicado.

Los responsables del gobierno han asegurado que se van a agilizar los plazos con el fin de ponerla en marcha y tener el resultado lo más rápido posible y, mientras, se ha solicitado al comité de empresa que se desconvoquen los paros.

En el caso de que la respuesta de los trabajadores a suspender la huelga sea negativa, la propuesta del equipo de gobierno será, ha dicho Cubero, seguir con "la hoja de ruta" que es, ha insistido, la auditoría, sin precisar ningún otro tipo de medidas como la posibilidad de aumentar los servicios mínimos.

No obstante, el consejero ha informado de que se han mantenido también contactos con los portavoces con el fin de convocar una reunión para "hacer una valoración conjunta y sosegada sobre la situación y la visión del conflicto", no solo respecto a los servicios mínimos.

"Desde el gobierno municipal estamos haciendo todo lo que podemos; buscar cauces de encuentro en todas las partes y que sigan negociando", ha asegurado Cubero, quien ha reconocido que "aunque la decisión de no poner dinero complica la solución, es la forma acertada".

Respecto a la petición de responsabilidades que han formulado este miércoles los grupos de la oposición, ambos han apuntado que "no es algo que vaya a solucionar el conflicto", por lo que no tienen intención de dimitir.

Artigas ha precisado que la actuación se está llevando a cabo de manera consensuada desde el gobierno, que es el que ha decidido, ha advertido, "que somos las personas adecuadas", si bien Cubero se ha mostrado partidario de ampliar la participación al resto de los grupos.







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