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Seguridad Social

La Policía detiene a 55 implicados en una red de empresas ficticias con origen en Zaragoza

Ofrecían permisos de residencia y prestaciones sociales. La suma total del fraude asciende a 724.452,84 euros.

Heraldo.es. Zaragoza Actualizada 18/03/2016 a las 13:44

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 55 personas a las que se les imputan delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal, con origen en Zaragoza. Los arrestados son socios, administradores, autorizados RED y presuntos trabajadores de empresas ficticias supuestamente vinculadas con el sector de la luz y del gas, según informa la Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones policiales se iniciaron en la capital aragonesa en el mes de marzo del pasado año 2015, en base a la estrecha colaboración existente con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El 'modus operandi' ideado para delinquir consistía en la creación de un entramado de empresas, por parte de un grupo de supuestos empresarios de Zaragoza, quienes se habrían dedicado a captar a diferentes personas con situaciones de necesidad económica a las que se les ofrecía la formalización, en fraude de ley, de contratos de trabajo.

Así, los investigadores llegaron a descubrir este grupo de 14 empresas, creadas por ocho ciudadanos españoles, en las que coincidían varios datos esenciales como son las fechas de creación de las empresas, los domicilios sociales, los socios y, a menudo, incluso traspasaban a los supuestos trabajadores de empresa en empresa.

Además, ocho de estas empresas realizaban las altas y bajas de los trabajadores por medios telemáticos aprovechando las facilidades que la administración electrónica ofrece por medio de la autorización RED, ostentada en este caso por una misma persona.
 

Permisos de residencia y cobro de prestaciones sociales

Se ha podido determinar que la creación de estas empresas, declaradas ficticias, ha servido para que un buen número de extranjeros extracomunitarios accedieran a permisos de residencia o a sus renovaciones, además de que otros ciudadanos españoles hayan tenido acceso a diferentes prestaciones sociales por desempleo, bajas por maternidad o incapacidades temporales, explican fuentes policiales.


Los contratos suscritos con estas empresas servían de cauce para la acumulación de periodos de carencia, cotizando en el sistema de la Seguridad Social, necesarios para el posterior disfrute de estas prestaciones.

Además de los contratos, las empresas les suministraban los preceptivos certificados de empresa que simulaban un despido o un cese de la relación laboral ajeno a la voluntad del supuesto trabajador.

En el caso de los extranjeros extracomunitarios, la operativa consistía en aportar un contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social para renovar los permisos de residencia y trabajo de aquellos que ya poseían autorización de residencia y necesitaban renovarlas. Pero también presentaban estos contratos aquellos extranjeros a los que, hallándose en situación irregular, se les exigía un contrato de trabajo para acceder a un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales (el conocido "arraigo laboral").

Este contrato, unido a otra documentación de la empresa, se presentaba en la Oficina Única de Extranjeros dándose inicio a un expediente administrativo que podría desembocar en la regularización de la situación legal de los extranjeros en España.

El total de trámites de residencia efectuados vinculados a contratos con este grupo de empresas asciende a 67, si bien han sido archivados, denegados o extinguidos de oficio por la propia Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

Además, gracias a estas actividades, un total de 44 personas han solicitado y accedido a otras tantas prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal que oscilan entre los 400 y los 11.000 euros, por un valor total de casi 194.000 euros, a lo que habría que sumar lo obtenido por prestaciones por maternidad y/o incapacidades laborales temporales que aún se están investigando.

El total de sanciones económicas impuesto por la Seguridad Social a estas empresas arroja una cantidad de 237.538 euros, y la deuda con la propia Seguridad Social es de 216.110,62 euros. El concepto de créditos incobrables suma los 77.006,46 Euros, con lo que, sin tener en cuenta las cantidades que hayan podido defraudar en concepto de incapacidades temporales y/o maternidad, la suma total del fraude descubierto asciende a la cantidad de 724.452,84 euros.

Como resultado de la investigación, se ha detenido a 55 personas, entre ellas los ocho máximos responsables del grupo criminal. Se ha investigado a un total de 117 personas. La mayoría de las detenciones han sido en la ciudad de Zaragoza, aunque también en otras localidades de la geografía española, como son Tarragona, Don Benito-Villanueva de la serena (Badajoz) y Linares (Jaén), y no se descarta que se produzcan más detenciones en fechas próximas.

Las investigaciones, que continúan abiertas investigándose el posible acceso indebido a otro tipo de prestaciones, han sido desarrolladas por miembros de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Zaragoza, adscrita a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Comisaría Provincial de Tarragona, la Comisaría Local de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz) y la Comisaría Local de Linares (Jaén). Además, también han colaborado la Tesorería Provincial de la Seguridad Social de Zaragoza, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, el Servicio Público de Empleo Estatal de Zaragoza y la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Zaragoza.







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