El antiguo colegio de San Felipe abrirá en septiembre como Instituto de Secundaria

El antiguo colegio San Felipe, en la actualidad propiedad de la Cámara de Comercio, se encuentra en dicha zona y cumple con las condiciones.

La consejera de Educación, Mayte Pérez, ha firmado un protocolo con el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, para convertir el antiguo colegio San Felipe en un instituto que responda el próximo curso a la necesidad de plazas de Secundaria de la margen izquierda de Zaragoza.


Esta medida aliviará la presión de las zonas 1 y 2 de escolarización en las que se encuentran los IES Avempace, Elaios, Miguel de Molinos, Parque Goya, Tiempos Modernos, Azucarera, Pedro de Luna, Pilar Lorengar, Río Gállego e Ítaca.


El antiguo colegio San Felipe, en la actualidad propiedad de la Cámara de Comercio, se encuentra en dicha zona y cumple con las condiciones de urbanización necesarias para el uso educativo, han informado fuentes del gobierno aragonés en un comunicado.


Su utilización como centro docente descongestionará la zona sin conllevar los plazos de proyecto, de edificación y construcción de un nuevo centro y sin verse agravados por la dificultad de encontrar parcelas disponibles para uso educativo en esta zona.


La Cámara se encargará de realizar los trámites oportunos para adecuar el uso recogido en el planteamiento urbanístico vigente al uso educativo que se pretende dar a la parcela, en virtud de lo establecido en el artículo 29 del D.L. 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo de Aragón.


El centro estará disponible en septiembre con cuatro o cinco unidades de ESO, en función de la demanda, y en los siguientes cursos la oferta se ampliará a Bachillerato y FP.


La consejera ha resaltado que la colaboración institucional ha permitido optimizar los recursos y las infraestructuras que en este momento no tienen uso y dar una respuesta a las necesidades educativas de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Zaragoza ha destacado este protocolo como "ejemplo de colaboración público-privada" para mejorar los servicios a los ciudadanos.

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