El Justicia pide poner fin a la huelga de autobuses porque "todo tiene un límite"
García Vicente cree que si estos negociadores no son capaces de llegar a un acuerdo deberían dar paso a otros.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha vuelto a hacer un llamamiento a las partes implicadas para reclamar un acuerdo urgente que acabe ya con la huelga de autobuses en Zaragoza.
Cuando se han cumplido tres meses desde que se iniciaron los paros, García Vicente insta a las partes a alcanzar una solución inmediata "en interés de todos y, en especial, de los ciudadanos que son quienes están sufriendo las peores consecuencias".
El Justicia de Aragón insiste en que, llegados a este punto, lo óptimo es enemigo de lo bueno, y desde esta perspectiva, apela al razonamiento de las partes implicadas con el fin de no prolongar más los perjuicios que se están causando a más de 150.000 ciudadanos, en especial, trabajadores que necesitan el servicio de autobús para acudir a sus puestos de trabajo, padres que deben llevar a sus hijos al colegio y personas mayores que utilizan el autobús para ir a los centros de salud y de día.
Por otro lado, en opinión de Fernando García Vicente, si los actuales negociadores no son capaces de obtener un rápido acuerdo, por sentido de la responsabilidad, deberían dejar paso a otros, ya que la presente situación no puede perpetuarse.
El Justicia de Aragón reconoce, sin ninguna reticencia, tanto el derecho a la huelga de los trabajadores así como el de la empresa a defender lo que considera que son sus legítimos intereses, pero insiste en que todo tiene un límite, por lo que insta al Ayuntamiento de Zaragoza a garantizar que el servicio público de transporte urbano, esencial para la ciudadanía, se preste en las debidas condiciones.
No es la primera vez que el Justicia de Aragón interviene en este asunto haciendo un llamamiento al acuerdo de las partes. El pasado 22 de enero, hizo público un informe en el que se hacían una serie de consideraciones referidas, por un lado, a la adecuada prestación del servicio y al respeto al derecho de seguridad e higiene de sus empleados, en respuesta a la queja que el Comité planteó el día pasado 30 de diciembre, y por otro lado, a los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento.
