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Zaragoza

El PP pide el cese del director del Espacio Joven Baltasar Gracián

Los populares aseguran que la contratación fue "irregular" y que Luis Ángel Romero no cumple los requisitos que se exigían para el cargo. La DGA dice que se hizo "con los mismos criterios" que con su predecesor.

Europa Press. Zaragoza. Actualizada 07/03/2016 a las 20:58
El Espacio Joven Baltasar Gracián.Heraldo.

El grupo popular de las Cortes de Aragón ha pedido este lunes el cese inmediato del exdiputado de IU Luis Ángel Romero, contratado en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) esta legislatura como director del Espacio Joven Baltasar Gracián, un contrato realizado con "los mismos criterios de sueldo y titulación" con los que el Gobierno anterior fichó a su predecesor, según fuentes del Ejecutivo regional.

Además, los populares han solicitado la comparecencia en la Comisión de Hacienda del consejero del ramo, Fernando Gimeno, para que dé explicaciones.

En una nota de prensa, el PP ha afirmado que el Gobierno ha contratado a Romero "de manera irregular", remitiéndose a un informe en este sentido de la jefa del Servicio de Gestión de Personal de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, dependiente del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Dicho informe "revela en su párrafo tercero que el interesado carece del requisito de la titulación exigido para llevar a cabo las tareas propias del citado puesto de trabajo".

Cuando Romero fue contratado el Partido Popular expresó sus dudas sobre si el exdiputado de IU cumplía los requisitos administrativos y legales para asumir esta responsabilidad, lo que llevó a los populares a preguntar al Ejecutivo, en noviembre de 2015, sobre las condiciones de contratación así como los correspondientes informes que avalaron el nombramiento.

El PP entiende que el Ejecutivo ha respondido a través del informe de la jefa de Servicio, que asegura que la dirección del espacio Joven Baltasar Gracián no puede asimilarse al régimen laboral especial de alta dirección y, consecuentemente, que el nombramiento debía ser realizado mediante el ordenamiento administrativo ordinario establecido para cubrir este tipo de puestos de trabajo.

En segundo lugar, resultaba obligado poseer el título universitario de grado o equivalente cuando "el interesado carece del requisito de la titulación exigido para llevar a cabo las tareas propias del citado puesto de trabajo", titulación que no fue aportada por el interesado.

Por último, el Servicio de Gestión de Personal alude en un tercer punto del informe, expone el PP, a las retribuciones percibidas por el cargo orgánico de Izquierda Unida para asimilarlas a las de contrato de alta dirección.

Al respecto indica que "se ha recibido escrito de esa Secretaría -Secretaría General del Instituto Aragonés de la Juventud- solicitando la aplicación de las retribuciones a través del Infotipo 9000, grabación de retribuciones que se debe llevar a cabo de forma manual y sin tener en cuenta las características personales (Bachiller, Grupo C) a las que se ha hecho referencia", lo que indica, según los populares, que "presuntamente pudo llevarse a cabo una manipulación del procedimiento".

Por su parte, fuentes del Gobierno de Aragón han indicado que el informe al que alude el PP es posterior a la contratación de Romero y la autora "lo hace a iniciativa propia, sin que sea necesario".

El Ejecutivo ha señalado que el IAJ tiene autonomía para formalizar este tipo de contratos y que "no es necesario ningún informe" de Función Pública. Sin embargo, el Gobierno ya incluyó en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2016 un artículo por el que se exigía una titulación específica para este tipo de puestos, artículo que no tiene carácter retroactivo.







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