La Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Zaragoza ha criticado el acuerdo aprobado este jueves en el pleno municipal, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos (C'S), para eliminar el observatorio de la contratación, que han calificado de "claro ataque a la fiscalización y control de las contratas que se ejerce en los últimos meses".

También han considerado que va en contra de la participación vecinal y social en el control de la gestión de los servicios externalizados y, por consiguiente, contra la transparencia en la gestión municipal.

En una nota de prensa han señalado que el Observatorio de la Contratación fue un "organismo pionero" en España, que ha conseguido fiscalizar y controlar a las grandes multinacionales, así como redactar el primer decreto sobre cláusulas sociales en los pliegos de condiciones que garantizan los derechos laborales y la contratación responsable.

"Gracias al trabajo iniciado por el observatorio de la contratación se han podido conocer irregularidades en los trabajos facturados por FCC en parques y jardines, los pagos con dinero público de los 153 despidos de AUZSA, o como el gerente de Ferrovial factura al Ayuntamiento como trabajador del CDM LA GRANJA, entre otras múltiples irregularidades", han relatado.

Desde esta Plataforma han subrayado que "estamos ante un claro ejemplo de hipocresía y desprecio a la ciudadanía, ya que, mientras estos partidos hablan de transparencia y regeneración, aprueban una moción para eliminar un órgano en el que participan asociaciones vecinales, como la FABZ y Cesaraugusta, las secciones sindicales del Ayuntamiento y de las contratas, organizaciones de consumidores y partidos políticos, cuyas funciones son desvelar las irregularidades y controlar la gestión de los servicios públicos externalizados a empresas privadas".

Para este colectivo "el PSOE está intentando poner todas las trabas posibles a la fiscalización de la anterior gestión socialista, haciéndose cómplices con su actitud de casos como los referidos de AUZSA o FCC parques y jardines".

Al respecto, han agregado que "es el propio PSOE quién debe explicar a la ciudadanía de qué tiene miedo y qué interés está defendiendo, pues parecen defender los intereses de las grandes multinacionales por encima del interés común de los vecinos y vecinas de Zaragoza.

Exigencias

La Plataforma exige al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que "cese inmediatamente" al jefe de la asesoría jurídica municipal, Luis García Mercadal, tras la decisión del juzgado de "investigarlo" por el caso de los pagos con dinero público de los 153 despidos de AUZSA.

Han recordado que el juez ha aceptado a trámite la querella por prevaricación y malversación de fondos públicos del anterior equipo de gobierno, presidido por el anterior alcalde, Juan Alberto Belloch, como también al interventor municipal y al actual jefe de la asesoría jurídica.

"Exigimos muestras de transparencia y regeneración municipal que en este caso pasan inexorablemente por que el alcalde cese de su cargo al jefe de la asesoría jurídica hasta que termine todo el proceso judicial", han reiterado.

Para la Plataforma "es intolerable que el responsable municipal que firmó el informe jurídico para que el ayuntamiento de Zaragoza pagara 2 millones de euros por el despido de 153 trabajadores de AUZSA, siga al frente de la asesoría jurídica, más aún cuando un juez lo están investigando", han añadido.

Finalmente, y al margen de las posibles irregularidades que pudieran derivarse, "estamos ante un hecho totalmente inmoral que perjudica claramente el interés general de la ciudad y solo beneficia una vez más a las grandes multinacionales como AUZSA", han concluido.