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Zaragoza

Sobreseídos diez delitos de seis imputados de La Muela al haber prescrito

La Audiencia ha dictado dos autos, en los que se han sobreseído diez delitos, cinco contra la Hacienda Pública, relativos a los años 2003, 2004 y 2006.

Efe. Zaragoza Actualizada 12/01/2016 a las 00:35
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La Audiencia Provincial de Zaragoza ha acordado sobreseer en dos autos un total de diez delitos que se les imputaban a seis de los acusados en el caso de La Muela, en el que figuran más de 40 imputados, entre ellos la exalcaldesa María Victoria Pinilla, al considerarlos prescritos.

Tras escuchar las cuestiones previas planteadas por los letrados al juicio, que se reanuda mañana en Zaragoza, la Audiencia ha dictado dos autos, en los que se han sobreseído diez delitos, cinco contra la Hacienda Pública, relativos a los años 2003, 2004 y 2006, que se le imputaban al asesor fiscal del empresario Carmelo Aured, José Antonio Puyadas Embid.

Puyadas estaba acusado de siete delitos contra la Hacienda Pública como cooperador necesario, de los cuales cinco se consideran prescritos, ya que "han transcurrido con exceso los cinco años señalados" en el Código Penal para los casos menos graves cual es el caso, según los autos dados a conocer hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Concretamente, el pasado 4 de enero la Audiencia dictó un auto en el que acordó sobreseer, además de los cinco delitos de Puyadas, dos de falsedad documental de los que estaban acusados por la Agencia Tributaria Fernando La Villa Royo y Modesto Barranco Gimeno.

En el caso de estos dos últimos, los magistrados entienden que aunque el plazo transcurrido desde el momento de los hechos hasta que tiene lugar la imputación fue algo inferior a los cinco años, la imputación se hizo inicialmente por un delito distinto al de falsedad, por lo que se produciría "una evidente indefensión" al no haber sido oídos en el periodo de instrucción.

Además, ha sobreseído un delito contra la Hacienda Pública de los que estaban acusados Julio de Miguel Santander y David de Miguel Santander.
Por otro lado, la Audiencia dictó un auto el pasado 7 de enero, en virtud del cual ha sobreseído el delito continuado de falsedad que le era imputado al empresario José Miguel Mosteo Melús, por dos facturas de 2004 emitidas a nombre de Brogan, si bien ha denegado la petición que realizó la defensa por el restante de la causa.

Los magistrados han acordado denegar el resto de cuestiones previas al juicio, que se reanuda mañana a las diez horas, con la declaración de la que fuera alcaldesa, María Victoria Pinilla, que se enfrenta a 37 años de cárcel en el mayor caso por presunta corrupción urbanística investigado en Aragón y que se declaró inocente tras la primera jornada del juicio que tuvo lugar el 15 de diciembre.

Ese día, el exconcejal por el PAR Carlos Rodrigo Vela reconoció los delitos y depositó en el ayuntamiento de La Muela los 30.000 euros que le reclamaba la corporación, un paso que dieron también los propietarios de la empresa Brocover, José Fernández y su hijo José Carlos, en su caso 335.000 euros.

Estos acuerdos fueron cuestionados por el letrado Santiago Palazón, defensor de otro de los procesados, Fernando Miguel Barba Marcén, al entender que no habían sido informado por la fiscalía de estas negociaciones y que estos acuerdos de conformidad deberían plantearse para todos y no perjudicar a los otros acusados.

En cuanto a esta cuestión previa planteada por Fernando Barba, la Audiencia la ha rechazado, al entender que "las reuniones mantenidas entre la Fiscalía y los letrados de las defensas fueron en todo momento públicas y transparentes, y que lejos de toda idea de opacidad o clandestinidad, cuantos letrados lo desearon tuvieron la posibilidad de entrevistarse con los miembros del Ministerio Fiscal encargados de la causa".

La exalcaldesa fue detenida, junto a otras 17 personas, en marzo de 2009 -estuvo en prisión cuatro meses- en el marco de la "Operación Molinos" llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica.

Las declaraciones de los acusados continuarán hasta el 4 de febrero.
Además, de la exalcaldesa, será juzgado su marido y sus tres hijos, familiares y decenas de empresarios supuestos beneficiarios de las operaciones urbanísticas que protagonizaron en el municipio, que pasó de 800 a 5.000 habitantes en veinte años.

Tras siete años de investigaciones, el ministerio público pide un total de 37 años de cárcel y 26,6 millones de euros en multas e indemnizaciones para Pinilla. Cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y blanqueo de capitales fueron los presuntos delitos por los que fue detenida.

Pinilla llegó a la alcaldía en 1987 en las listas del CDS y se mantuvo, ya como candidata del PAR, hasta 2011, cargo que desempeñó y se negó a dejar durante los tres años posteriores a su detención. 







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