La fiscal cifra en 330.000 € el perjuicio a La Muela por el contrato de basuras

Las pruebas presentadas durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra la exalcaldesa de La Muela Marisol Aured por presunta prevaricación, exacción ilegal y malversación de caudales públicos no han modificado un ápice la postura de la Fiscalía. Tras escuchar a todos los testigos y peritos, la representante del Ministerio Público ha seguido manteniendo la misma petición de condena para la exregidora: seis años de prisión y 24 de inhabilitación.

También lo ha hecho respecto al otro acusado, Luis Miguel Bolea Bosque, gerente de Seula, empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras del municipio desde 2005 a 2015. Para este solicita tres años y dos meses de cárcel y nueve años de inhabilitación.

Según la fiscal, la modificación del contrato de basuras que hizo la exalcaldesa mediante un acuerdo extrajudicial con Seula, sin someterlo a la votación del pleno, supuso que el consistorio pagara 330.664 euros de más a la empresa en tres años. Esta cifra resulta de restar 195.650 euros

-cuantía que, para la acusación pública, bajo ningún concepto podía ser superada, según el contrato original de 2005– a cada cantidad anual pagada desde 2012 a 2015. No obstante, finalmente fija lo defraudado en 403.635 euros, teniendo en cuenta los intereses.

Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento de La Muela, Jesús Manuel Bueno, tampoco ha variado su solicitud inicial de condena de cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación para Aured y dos años de prisión y tres de inhabilitación para el empresario. La diferencia con el Ministerio Público es que el consistorio cuantifica los perjuicios en 598.242 euros, más la entrega del camión de basuras que aparecía en el contrato original y que la exregidora permutó con Seula a cambio de rebajar deuda.

Las respectivas defensas, a cargo de los abogados María Jesús Sariñena y Luis Chocarro, continuaron reclamando la absolución de sus clientes, pues creen que no causaron ningún perjuicio al Ayuntamiento ni cometieron ningún delito. Al contrario, el letrado de Bolea considera que el empresario salió perjudicado.

De esa misma opinión fue el perito que compareció por encargo de la defensa. El economista expuso que el municipio se ahorró 109.000 euros, a raíz de que la exalcaldesa –a través de su entonces concejal de Servicios Héctor Carrera– lograra un acuerdo que suponía una quita de 300.000 euros en la deuda que se mantenía con Seula. En concreto, había facturas impagadas por 1,1 millones de euros y se acordó rebajar la deuda a 735.000 euros.

El perito explicó que hizo sus cálculos con los documentos aportados en la causa, entre ellos el «listado gigantesco» que presentó Adrián Tello, actual alcalde y denunciante en esta causa. Para el economista, ese listado contenía todo tipo de operaciones que, sumadas, pueden llevar a «errores gravísimos». «Tenían que haber hecho previamente una depuración de cantidades y no lo hicieron», señaló.

El experto planteó al tribunal que si se hubiera aplicado la fórmula del contrato original de 2005, el servicio de basuras en los años en cuestión (de 2012 a 2015), habría ascendido a 845.000 euros, y el acuerdo extrajudicial alcanzado fue de cerca de 735.000.

Por su parte, Adrián Tello mantuvo que lo máximo que debía percibir el contratista eran 195.650 euros anuales, que la interventora dijo que la alcaldesa se había saltado el procedimiento y que el pacto suponía una modificación del acuerdo que debería haber aprobado el pleno. Admitió que cuando se enteraron de que habían presentado en el registro de secretaría del Ayuntamiento el acuerdo, el equipo de gobierno les hizo una «invitación» para depurar las facturas, cita a la que no acudieron porque fue «genérica» y sin fijar lugar ni hora.

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