Exoneran al Ayuntamiento en la causa del incendio de la residencia de Santa Fe

El juez declara la responsabilidad civil subsidiaria de la dirección de la residencia, de su aseguradora y de la DGA, quien debía controlar e inspeccionar las instalaciones.

La residencia de Santa Fe donde ocurrió el suceso.
La residencia de Santa Fe donde ocurrió el trágico suceso.
G. Mestre

El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza ha abierto juicio oral, por el procedimiento del jurado, contra la mujer que incendió en julio de 2015 la residencia para personas mayores Santa Fe de la capital aragonesa en la que estaba ingresada, causando la muerte de nueve de los ancianos alojados.


En su auto, el responsable judicial considera a la mujer, de 62 años, autora de nueve delitos de homicidio, de otros nueve de lesiones y de uno más de incendio provocado, y la hace responsable civil subsidiario de los daños causados y de las indemnizaciones reclamadas por las familias de las víctimas.


Además, declara la responsabilidad civil subsidiaria de la propia dirección de la residencia, de su aseguradora, del Gobierno aragonés y de Mapfre, y descarta la del Ayuntamiento de Zaragoza al entender que carecía de competencias en relación al edificio.


En relación al Gobierno autonómico, el juez advierte de que aunque la residencia era de titularidad privada, estaba sometida a control e inspecciones por parte de la administración autonómica.


Refiere a este respecto que el propio Departamento de Ciudadanía detectó deficiencias en 2011 en el mantenimiento de las instalaciones, que volvió a constatar en septiembre de 2012.


En relación a la acusada, María del Carmen A.S., declarada incapaz en febrero de 2014, destaca el juez que su ingreso en la residencia, en abril de ese año, le generó un gran disgusto ya que pretendía su traslado a otra que consideraba mejor.


Sostiene, además, que el anuncio que le hizo su hijo de que se iba a casar y que ella no iba a acudir a la ceremonia aumentó su frustración y le llevó a tomar la decisión de provocar el incendio.


En su relato de hechos, el instructor destaca que la acusada cogió papel y un mechero y se dirigió a una habitación vacía en la primera planta del edificio para prender un colchón, a pesar de que conocía la proximidad de otras estancias con usuarios con movilidad reducida.


Después de quemar el colchón, la mujer bajó al jardín para ver como la residencia era pasto de las llamas.


Por estos hechos, el fiscal solicita para la acusada penas que suman más de 62 años de prisión, que las acusaciones particulares elevan a 138 años.

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