La DGA y la Agencia Tributaria se suman a la petición de penas de Fiscalía en el juicio de La Muela

El letrado que representa al Gobierno de Aragón en el juicio por el caso La Muela, la representante de la Agencia Tributaria, el abogado del Ayuntamiento de esta localidad zaragozana y el de la empresa Brocover se han sumado a la petición de penas a la exalcaldesa, María Victoria Pinilla, y otros acusados en sus escritos de conclusiones, que han leído esta tarde ante la Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El representante del Gobierno de Aragón ha cifrado en 398.000 euros la responsabilidad civil por la inejecución de 13 obras públicas de abastecimiento de agua subvencionadas por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) al Ayuntamiento.

Ha afirmado que se han producido sendos delitos de fraude y falsedad documental debido al "cobro indebido" de las subvenciones mencionadas por un importe "superior al que correspondía legalmente", lo que constituye un perjuicio para la Hacienda pública. Ha atribuido estos delitos a Pinilla, los exconcejales Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo Vela y el empresario Alberto Fando, administrador de NTA, empresa que gestionaba las aguas de La Muela.

En opinión del Gobierno de Aragón, Fando es responsable de la emisión y entrega al Ayuntamiento de las facturas, mientras que los exconcejales acreditaron el pago. Fando ha reconocido a lo largo de la vista oral que conocía que las obras no se habían ejecutado, eran "inexistentes". Ha dicho que la exalcaldesa "tenía conocimiento y voluntad de dicha defraudación en la medida en que era notoria la no ejecución".

Además, se falsificó la firma del arquitecto municipal, se facturaron las obras de forma anticipada, afirmando --tras la Operación Molinos de la Policía Nacional, que dio inicio a la causa judicial-- que los trabajos comenzarían después, pero "aún cuando ello fuera cierto, el delito ya se comete en 2008, al emitir una factura falsa que recoge servicios prestados ficticios y destinados al cobro de una subvención", que se cobró en diciembre de 2008.

En estas 13 obras hay una sobrefacturación de 148.000 euros y la responsabilidad civil se eleva a 398.800 euros, ha considerado el abogado del Gobierno de Aragón, quien ha afirmado que "el Ayuntamiento no podría admitir el pago de una obra por un importe superior al acordado por la empresa contratista, no se le puede pagar más de lo facturado".

La representante de la Agencia Tributaria ha enumerado los delitos fiscales que atribuye a los acusados. Así, ha dicho que el matrimonio Embarba-Pinilla pagó 660.000 euros en negro a la empresa Inmuebles El Raso, cuyos administradores, Laureano Pablo Gimeno y Antonio Gimeno, defraudaron 162.000 euros.

Asimismo, según su relato Carmelo Aured, primo de la exalcaldesa. defraudó 2,8 millones a Hacienda al no declarar la venta de varias parcelas ni algunos ingresos en efectivo en sus cuentas. A través de la empresa Mirasol defraudó 785.516 euros en el impuesto de sociedades y 282.55,53 por IVA en 2005, a lo que se añaden sendos delitos fiscales por renta entre 2005 y 2007 por casi 900.000 euros.

La empresa Aranade dejó de declarar 800.000 euros y el administrador, Julián de Miguel no declaró 485.000 euros por el IRPF, aunque este acusado no ha reconocido este delito."Intención de engañar"

El letrado que representa al Ayuntamiento de La Muela, Javier Ausejo, ha aceptado la valoración del Ministerio Fiscal. Ha apuntado que en el polígono industrial Centrovía se actuó "con la intención de engañar" y "además se consigue, se hace creer que han comenzado las obras".

Ha mencionado las facturas por el abastecimiento de aguas, indicando que el consistorio ha devuelto la mayor parte de los 432.737,61 euros defraudados y ha expuesto que se dejaron de realizar unas obras públicas que entonces costaban unos 700.000 euros y si hoy se llevaran a cabo tendrían un coste de un millón, criticando así la gestión de Pinilla.

El abogado de la empresa Brocover ha atribuido al empresario José Carlos Fernández un delito de falsedad documental por realizar un "engaño" a la firma que representa mediante "un contrato falso".

Ha pedido la libre absolución de sus representados, Joaquín García Cayado, Miguel Ángel García Casillla y Miguel Cabrera Cobos, imputados por cohecho. Esta acusación se basa en "meras conjeturas", ha dicho el letrado. El juicio continuará este martes con la exposición de las defensas.