¿Una mina "con riesgos" al lado de Yesa u 800 puestos de trabajo?

El difícil equilibrio que se da en ocasiones entre la implantación de nuevas actividades económicas y la protección del medio ambiente está jugando un nuevo pulso en Aragón. Desde hace unos meses, el proyecto de una mina de potasa -un compuesto utilizado principalmente para elaborar fertilizantes- ubicado entre Navarra y Aragón ha levantado las críticas de varios vecinos y colectivos por los riesgos que podría suponer para el entorno.

El proyecto Mina Muga, impulsado por la empresa Geoalcali, pretende crear una explotación y una planta transformadora de este recurso entre las Altas Cinco Villas y Sangüesa, en Navarra. En la parte aragonesa, en concreto en el municipio de Undués de Lerda, se encontrarían las dos bocaminas y la mina también afectaría al término municipal de Urriés, mientras que en el municipio navarro se encontraría la planta.

Una nueva actividad que cuando esté a pleno rendimiento -tras una inversión inicial cercana a los 265 millones de euros- podría generar, según prevé la empresa, unos 800 puestos de empleo directos. Geoalcali, sociedad ubicada en Pamplona y participada por la compañía australiana Highfield Resources, defiende su plan como uno de los proyectos más importantes que han acontecido en la zona en las últimas décadas. Y por sus dimensiones no les falta razón. En total, han solicitado al Ministerio de Industria permisos de investigación que incluyen unos 550 kilómetros cuadrados. Para hacerse una idea, una extensión similar a la comarca del Cinca Medio.

De todos los permisos solicitados, el denominado Mina Muga es el más avanzado, estando actualmente a la espera de la resolución del estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Su ubicación, a caballo de Navarra y Aragón, condicionó que fuera Madrid quien liderara la evaluación, que de concederse favorablemente daría el visto bueno a una mina subterránea ubicada en su parte más próxima a menos de dos kilómetros del embalse de Yesa y se extendería por el subsuelo en unas dimisiones similares a cuatro quintas parte de lo que hoy ocupa el pantano.

Es precisamente lo "faraónico" del proyecto lo que ha hecho elevar sus críticas a varios vecinos de la zona. Tanto en la parte navarra como en la aragonesa han tomado forma sendas plataformas en contra del avance de Mina Muga, alegando, además de los posibles problemas medioambientales que podría acarrear una explotación de este tipo, que la documentación ofrecida por la empresa al Ministerio cuenta con varios "errores e incoherencias" que, a su juicio, demuestran el desinterés de Geoalcali por amparar la viabilidad que tendría la explotación. A parte de todo esto, la plataforma recuerda el devenir que han tenido otras minas de potasa en nuestro país, como la que se encontraba hasta mediados de los noventa en la Sierra del Perdón (Navarra), donde tras cerrarse la mina el entorno de la zona sigue estando visiblemente afectado, o la mina de Súria, en Cataluña, donde Bruselas ha advertido en varias ocasiones de "los efectos nocivos sobre las aguas subterráneas y superficiales" que se estaban produciendo.

“Intentan vender las bondades de un macroproyecto que puede cambiar para mal el entorno de la zona, y van ampliando la previsiones de puestos de trabajo según les interesa" explica Marta López, portavoz de la plataforma en Aragón, que señala que mientras en noviembre Geoalcali hablaba de 500 puestos de trabajo, la semana pasada elevaba esta previsión hasta los 800.

Desde la empresa, por su parte, se explica que el suyo es un "proyecto vivo" y que ha ido cambiando con respecto a lo solicitado al Ministerio el año pasado.

Alegan riesgos sísmicos, salinización de aguas...

El informe ambiental presentado por Geoalcali y que aún se evalúa en Madrid recibió algo más de 400 alegaciones, muchas de ellas originadas después de que la plataforma se pusiera en contacto con el equipo de geólogos del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

La plataforma cuenta que sin la ayuda de la UZ se habrían tenido que quedar prácticamente con los brazos cruzados. El periodo de alegaciones a una evaluación de impacto ambiental una vez que un proyecto sale a exposición pública es de apenas un mes. Independientemente de si la documentación presentada cuenta con cuarenta páginas o con 6.000, como era en este caso.

"Su documentación cuenta con errores de bulto, y sobre todo con incoherencias. Pero además, según su informe, no existe riesgo sísmico, cuando la explotación se encontraría en las cercanías de la falla de Loiti, de la cual sabemos que ya produjo importantes movimientos sísmicos en 1923", señala Óscar Pueyo, doctor en Geología de la UZ.

A ello se suman, a juicio de Pueyo, escasa atención a los problemas que puede presentar una mina de este tipo ante la entrada de agua al estar por debajo del nivel freático, y los consiguientes problemas que esto podría incurrir para los acuíferos, o poca planificación a la hora de gestionar los residuos que generará la extracción de material en las galerías.

Ante estos supuestos problemas, desde Geoalcali, cuya web actualiza con asiduidad sus actividades, se emplaza a esperar a la resolución del Magrama para comprobar la sostenibilidad de su proyecto, aunque desde la plataforma en contra de la mina, que compareció ante las Cortes de Aragón, se reclama un debate técnico donde se pongan sobre la mesa los distintos puntos en discusión.

Una galería de investigación en la parte aragonesa

Pero lo que ha hecho avivar el debate en las últimas semanas es la tramitación en la parte aragonesa de una galería de investigación que actualmente está evaluando el Gobierno de Aragón.

La plataforma ve en esta galería la "apertura encubierta" de la mina debido a que cuenta con unas dimensiones de 2.753 metros de longitud y una profundidad de 362, "algo excesivo" para cualquier vía de investigación, según los críticos, que entienden que lo que pretende la empresa es acelerar los plazos en la parte aragonesa.

Esta nueva galería se está tramitando además únicamente mediante su plan de restauración, y no por la vía de impacto ambiental.

Desde el Gobierno de Aragón, donde un informe desde el área de Ordenación del Territorio ya detectó una serie de deficiencias en el proyecto allá por el mes de noviembre, se ha pedido participar de forma más activa en la evaluación que actualmente está llevando a cabo el Gobierno central, algo que también ha requerido el Gobierno navarro.