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Mayores

La DGA da por solventadas las deficiencias de la residencia de Utebo

La Comisión de Mayores insiste en los problemas de transporte y comunicaciones.

P.P.G. Zaragoza Actualizada 21/12/2015 a las 08:14
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Instalaciones de la nueva residencia de mayores de UteboHeraldo

Las quejas empezaron en 2013. La Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores de Aragón (Plademar) y la comisión de mayores de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) criticaron desde un principio los planes de la administración para reformar y externalizar la residencia de Movera y el consecuente traslado de sus usuarios al centro 'Santa Ana' de Utebo, también gestionado por una empresa privada. 

Las condiciones de este traslado y la "pérdida de calidad de vida" de los mayores afectados fueron objeto de quejas al Justicia de Aragón, institución a la que le costó casi dos años obtener del Gobierno de Aragón la información requerida para poder hacerse una composición de lugar. 

Tras varios recordatorios, el Ejecutivo actual remitió al Justicia, el pasado mes de octubre, la información solicitada dando además por zanjada la polémica al asegurar que ya han sido solventadas las deficiencias detectadas en la residencia de Utebo. 

Desde la comisión de mayores de la FABZ niegan en rotundo estas afirmaciones e "insisten en la mala calidad de la comida, las malas comunicaciones y las carencias de personal" del centro asistencial. 

Sin embargo, ante la información remitida por la DGA, el Justicia de Aragón da también por solventadas la mayor parte de estas cuestiones y, en relación al traslado, asegura "no poder reprochar nada" al actuar público: "A medida que se iban instalando los residentes, se formularon quejas sobre la situación del centro (...). No obstante, tras el estudio de la situación (...) valoramos que el Gobierno de Aragón estaba ejerciendo sus funciones respecto a la empresa adjudicataria, instando al cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el pliego de condiciones, así como ejecutando directamente las actuaciones que le eran propias". 
 

Internet, cafetería y transporte

Desde la comisión de mayores de la FABZ critican las trampas del pliego de condiciones, donde no se obliga a la empresa a ofrecer a sus residentes conexión a internet ni cafetería, servicios que sí existían antes en el centro de Movera.


"Antes los familiares podíamos quedarnos en la cafetería con nuestros abuelos. Ahora solo hay dos máquinas expendedoras y ningún sitio con un mínimo de intimidad", critica María Luisa García, portavoz de la comisión de mayores. Como muestra de buena voluntad la empresa invita a un familiar a comer, desde julio de 2014, el día del cumpleaños del residente. Iniciativa que María Luisa califica de tomadura de pelo al recordar que el anterior Ejecutivo "prometió a los residentes que no perderían ningún beneficio". 

El transporte es otro de los grandes caballos de batalla de los familiares. Año y medio después de la apertura y pese a que el anterior Ejecutivo se comprometió a buscar una solución, las paradas de autobús o Cercanías más cercanas siguen estando a algo más de un kilómetro de distancia de la residencia. El paseo supone un gran esfuerzo a los familiares más longevos y desde la FABZ piden al actual Ejecutivo que cumpla las promesas del anterior. 

La DGA no se compromete ni concreta nada en este asunto y simplemente alega "que la ordenación del transporte interurbano excede con mucho de la competencia propia del IASS". Resalta además que "la ordenación de las líneas de transporte depende de múltiples factores" y "es una cuestión sumamente compleja en la que debe atenderse a los intereses de muchas personas". A esta respuesta, el Justicia de Aragón no encuentra nada que alegar en su escrito. 
 

Comida y personal

Respecto a la comida, el Departamento Ciudadanía y Derechos Sociales asegura que las raciones son "adecuadas en calidad y cantidad" y, en cuanto al las supuestas carencias de personal y las condiciones de trabajo de la empresa, la Administración señala que ni la Inspección de Trabajo ni la Inspección de Centros encontraron deficiencias que justificasen la apertura de un expediente sancionador.

Finalmente, el Justicia se limita a instar a la Administración a la aprobación definitiva del Plan de Emergencia y Autoprotección, un plan que estuvo atascado más de un año en el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia pero que el Ejecutivo actual asegura haber aprobado en las últimas semanas.







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