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"Una auténtica tarea de investigación". En eso se ha convertido el proceso previo a la formalización de las opciones de compra de los terrenos de Ontiñena que albergarán el complejo de ocio y juego Gran Scala. Desde hace dos meses, unas veinticinco personas trabajan como si de detectives se tratara en verificar la propiedad y la situación jurídica de cada una de las fincas escogidas, así como en recopilar toda la documentación necesaria para firmar los contratos. Y el proceso -digno de los espías que protagonizarán el primer parque temático de Gran Scala (Spyland)- está siendo mucho más complicado de lo esperado.

El grueso de la documentación que han aportado hasta ahora los propietarios data de los años 50 y 60 del siglo pasado y conseguir actualizar y regularizar las fincas se ha revelado "un trabajo de chinos". Así lo aseguran en el gabinete jurídico que asesora a International Leisure Development (ILD) y que trabaja "codo con codo" con el Ayuntamiento de Ontiñena para lograr que el proyecto salga adelante. El Consistorio -que ha destinado a dos personas exclusivamente a esta tarea y abre los sábados para atender a los propietarios que residen fuera- está centralizando la recogida de información. Cada dos o tres días, la remite a Zaragoza. Ayer, fue el propio alcalde, Ángel Torres, quien hizo la entrega. Una vez en el despacho, por cada propietario se hace un informe partiendo de los documentos que aportan los vecinos y a partir de ahí se "empieza a tirar del hilo".

El trabajo incluye hasta un "árbol genealógico" de cada familia, puesto que muchos terrenos no se sabe a ciencia cierta a nombre de quien están. Ese instrumento sirve para intentar averiguarlo. La documentación con la que trabajan es "ingente y voluminosa": desde escrituras de hace décadas, testamentos, aceptaciones de herencia, peticiones de subvenciones... etc. Con esos datos, se trata de hacer una 'fotografía' de la situación de cada finca. El problema con el que se están encontrando es que "la inmensa mayoría de las fincas no están inscritas en el registro, ni regularizadas". Como plan de choque y ante el muro con el que se han estrellado en muchos casos, va a ser el estudio jurídico quien pida una nota simple de cada una de las fincas registrales (cuya cifra podría rondar las 500). Para ello, ya se ha puesto en contacto con el Registro de Fraga para solicitar su colaboración y tratar de acelerar el proceso.

Pero además de comprobar la titularidad, hay que verificar las dimensiones de las fincas y sus usos para establecer el precio, ya que el suelo se pagará diferente en función de si es cereal subvencionado o no por la Política Agraria Comunitaria. Y aquí también surgen problemas. Muchas superficies no coinciden en el catastro y los propietarios también tienen dificultades para acreditar estas subvenciones. En la asesoría jurídica se recurre a la herramienta informática de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas para obtener los datos. "Es muy costoso porque hay ocho polígonos y en cada uno, unas 200 parcelas", se justifican. Como nota positiva, ya se ha logrado localizar a todos los propietarios, como subraya el alcalde de la localidad. "La cifra inicial de 130 se ha reducido a 115", explica Torres, quien destaca que están todos "locos por firmar". De ellos, se han elaborado ya unas 110 fichas y se ha recopilado toda la información necesaria de unos 66 vecinos. "Es un proceso lento, pero seguro, y esperemos que irreversible", se felicita. No obstante, todos reconocen que aún quedan semanas por delante de investigación.