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Unanimidad y buenas intenciones por parte de todos los grupos parlamentarios de las Cortes, pese a que la realidad es otra. Los portavoces no dudaron ayer en mostrar su disposición a alcanzar acuerdos y reactivar la ponencia sobre el estatuto del diputado, en la que se incluye el sistema de retribuciones de sus señorías. Pero lo cierto es que desde marzo del año pasado no se ha celebrado ni una sola reunión.

Durante 2008 y los primeros meses de 2009, la ponencia que trata de regular la situación de los diputados autonómicos, se mantuvo viva. Incluso se llegaron a celebrar dos encuentros en un mes. Sin embargo, el año pasado se truncó el camino del consenso y aunque han existido intentos de recuperar el acuerdo, han sido en vano. Y la crisis económica se encuentra en el fondo de la parálisis que sufre la reforma de esta norma, en la que se prevé que se incluyan conceptos como un subsidio por paro que actualmente no existe, un sistema de pensiones o una indemnización por cese. Medidas que ya existen en otros parlamentos autonómicos. También regula el acceso a la información del diputado.

Sin embargo, pese a las buenas palabras, ninguno parece dispuesto a dar el primer paso. El martes, en declaraciones en Madrid a HERALDO y a la televisión y radio autonómicas, el presidente de las Cortes, Francisco Pina, reconocía que el actual sistema -aprobado en su momento con el consenso de todos los partidos- era "mejorable, revisable y discutible" y apelaba de nuevo al acuerdo político para cambiarlo. Pero, de momento, no tiene previsto llevar la iniciativa. De hecho, sus palabras provocaron cierto malestar en las filas socialistas, lo que podría haber frenado un impulso desde la Presidencia de las Cortes.

El PSOE, sin embargo, incluso se marca un plazo, esta legislatura (apenas queda un año), para lograr el consenso necesario. "Si este grupo o el resto considera necesarios los cambios, estaremos ahí", aseguró el portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, que advirtió de que se va a seguir trabajando por alcanzar el máximo acuerdo político.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, sin embargo, señaló al presidente Pina como 'culpable' de no impulsar tanto el estatuto del diputado como la reforma del reglamento de las Cortes. "No se ha preocupado", lamentó Suárez, que recordó que el PP ya planteó la necesidad de mejorar la transparencia.

"Hace falta voluntad política"

El PAR también apeló al consenso para reformar lo que se reclame. Su portavoz, Javier Allué, no obstante, aviso que hace falta voluntad política. CHA también quiso dejar claro que su partido no es "el culpable" de que no se convoquen las ponencias e insistió en que "es el momento de exponer todo lo que es reformable". El portavoz de IU, Adolfo Barrena, expresó su disposición a "hablar de todo" y coincidió en que "todo es mejorable, revisable y discutible, la dedicación, la voluntad de trabajo...".

Actualmente, los diputados perciben un sueldo base de 3.295 euros, que se complementa con una indemnización -en doce mensualidades- por gastos de alojamiento, manutención y transporte que no tributa. En algunos casos y según la distancia al lugar de residencia llega a los 2.100 euros. Además, en función de su cargo, cobran un complemento que se incluye en el salario. Los diputados que no tienen dedicación exclusiva perciben dietas por asistencia, kilometraje y un montante diario en las sesiones plenarias.

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, no quiso pronunciarse sobre la retribución de los diputados (él lo es aunque sin dedicación exclusiva) y se limitó a decir que "las Cortes deben tomar sus propias decisiones". "El poder legislativo es el poder legislativo y de cómo se organiza este, el Ejecutivo tiene poco que decir", recalcó.