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Teruel

El Fondo de Inversiones afronta su último año de vigencia sin garantías de continuidad

Desde su creación en 1992, ha comportado inversiones por valor de 874 millones de euros. La gestión ha sido criticada por arbitraria y por suplir las carencias de los presupuestos ordinarios.

Luis Rajadel. Teruel Actualizada 03/11/2015 a las 08:55
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El proyecto más ambicioso. Motorland, el circuito automovilístico que se ha convertido en un motor de desarrollo paga el Bajo Aragón, es el proyecto más costoso financiado por el Fondo de Inversiones.Francisco Jiménez

El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) afronta su último año de vigencia, 2016, con un balance de 874 millones de euros desembolsados en proyectos y programas de desarrollo desde su creación en 1992 como compensación por la exclusión de la provincia del Objetivo 1 de los fondos estructurales de la Unión Europea. El resultado oscila entre la ejecución de proyectos estratégicos que han servido de locomotora para poblaciones e incluso comarcas enteras, como Motorland, las estaciones invernales, Platea, Dinópolis, el aeropuerto de Teruel o Galáctica, y las críticas a una utilización opaca y, en ocasiones, partidista. Los agentes sociales y los partidos minoritarios denuncian también el uso de este mecanismo de financiación extra como sustituto de las inversiones ordinarias de los gobiernos central y aragonés, que comparten al 50% la financiación de los 60 millones de euros anuales del Fondo.

Los proyectos emblemáticos han acaparado gran parte de la financiación disponible. Entre Motorland, el aeropuerto de Teruel, Platea, Dinópolis y el observatorio astronómico de Javalambre-Galáctica, suman 254 millones, casi un tercio de la inversión total.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, afirma que el FITE ha sido "un elemento muy positivo para el desarrollo de Teruel" desde su creación en 1992. A su juicio, los fondos disponibles se han invertido "en el futuro" de la provincia con los proyectos estratégicos y las ayudas al fomento empresarial. Reconoce que "algunos años" la partida de apoyo a la iniciativa privada no se ha gastado "por falta de solicitudes". Aclara, no obstante, que los sobrantes no se han perdido sino que se han incorporado a anualidades sucesivas. En 2014, se añadieron 11 millones a la consignación del ejercicio procedentes de remanentes. La ejecución final es, según Valero, "muy alta" –el 92% del presupuesto acumulado entre 1992 y 2013–.

Respecto al futuro del FITE más allá de 2016, el subdelegado del Gobierno señala que el gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre "tendrá que decidir", pero opina que el actual Ejecutivo tiene "voluntad" de darle continuidad. Desde la DGA no se pronuncian y el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita del pasado viernes a Teruel, se limitó a decir que, si alcanza la Presidencia, la provincia recibirá "los recursos necesarios" para su desarrollo, aunque sin referirse expresamente al FITE.

El profesor de economía aplicada de la Universidad de Zaragoza y experto en la gestión del FITE Luis Antonio Sáez cuestiona el destino dado al Fondo. Considera excesivo el peso que han tenido "los proyectos emblemáticos y el cemento" en detrimento de medidas más "transversales" y de efectos más homogéneos sobre el territorio. Sáez señala que algunas iniciativas "tienen más carácter político que estratégico", como la Baronía de Escriche o Motorland. El economista considera necesario un giro en la aplicación de los recursos para primar la ayuda a dependientes, facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, fomentar el emprendimiento y compensar el "mayor riesgo de la iniciativa empresarial" en una provincia despoblada como Teruel. Todo ello teniendo en cuenta la "sostenibilidad" de los proyectos y sin caer en "una economía subvencionada".

La selección de beneficiarios ha generado polémicas, la más virulenta fue en torno al reparto del capítulo destinado a obras municipales. La Fiscalía de Teruel y el Justicia emitieron en 2013 sendos pronunciamientos a instancias de Compromiso con Aragón e IU, respectivamente, en los que denunciaron la asignación de recursos públicos sin ninguna convocatoria ni criterios conocidos. La DGA asumió las críticas y, por primera vez, en 2014 asignó los 4 millones para obras municipales de acuerdo a una convocatoria abierta y con parámetros objetivos.







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