Once personas vinculadas a empresas del sector farmacéutico y procedentes de Granada, Málaga y Valencia acudieron ayer al Juzgado de Instrucción número tres de Teruel para declarar ante el juez por su presunta implicación en un entramado de exportación ilegal de medicamentos a países de la Unión Europea. Ya de madrugada, el magistrado tomaba testimonio todavía al último de los citados. El juez acordó prisión eludible con fianza de 300.000 euros para dos distribuidores imputados. Los otros nueve quedaron en libertad con cargos.

Todos los afectados declararon como imputados. Cinco habían sido detenidos a finales de la semana pasada pero puestos después en libertad, por lo que ayer acudían de forma voluntaria. Por el contrario, los seis restantes, una mujer y cinco hombres, llegaron en condición de detenidos en dos vehículos oficiales de la Guardia Civil y entraron a las dependencias judiciales esposados y tapándose el rostro con alguna prenda de vestir para no ser reconocidos. 

Desde las 8.30, cuando comenzó la primera toma de declaración, los juzgados turolenses registraron un constante ir y venir de agentes de la Guardia Civil, abogados e imputados. Familiares de estos últimos, que aguardaban en la calle a tener noticias de los suyos, expresaron su malestar por las detenciones que se han producido y que han obligado a los afectados a permanecer hasta 72 horas en los calabozos de la Benemérita hasta que han sido puestos a disposición judicial. "Los están tratando como a criminales; esto es vergonzoso», afirmó una mujer.Dos recesos

En primer lugar declararon cuatro de las personas que habían llegado en libertad. Posteriormente lo hicieron los seis imputados que estaban detenidos y, finalmente, ofrecía su testimonio otro de los que acudieron de forma voluntaria. A media tarde, personal sanitario acudió a las dependencias judiciales al sentirse indispuesto uno de los imputados. El elevado número de declarantes y la complejidad de sus testimonios hicieron que el juez interrumpiera la prueba en dos ocasiones –sobre las 16.30 y a las 20.10– al objeto de dar un descanso a todos los que participaban en la misma. 

Por otro lado, agentes de la Guardia Civil entregaron en el Juzgado varias cajas con documentación relativa al caso. El juez que dirige la investigación, Jerónimo Cano de Lasala, trata de esclarecer y desarticular una supuesta red de comercio internacional de medicinas fuera de los circuitos legales cuya actividad estaría poniendo en riesgo el abastecimiento de determinados medicamentos y la calidad de los mismos. Con las once personas que ayer declararon, se elevan a 37 los imputados en esta causa. Entre ellos se encuentran 16 farmacéuticos de las provincias de Teruel y Zaragoza y cuatro médicos de la Comunidad Valenciana. El resto de los acusados pertenecerían, presumiblemente, al sector del almacenaje y distribución de medicamentos. La investigación se encuentra bajo el secreto de actuaciones.

La primera detención se produjo el pasado mes de mayo y fue la de la farmacéutica de Palomar de Arroyos, Amparo A., a quien se le acusa de haber defraudado al Sistema Aragonés de Salud al cobrar dinero a este organismo por medicamentos que no habría dispensado a los pacientes y que habría revendido en una parafarmacia valenciana, sirviéndose para ello de recetas falsificadas. Su caso destapó una presunta red de tráfico ilícito de medicinas que en Aragón ha salpicado a otras 14 boticas, las cuales han sido investigadas y, en muchos casos, precintadas. A día de hoy, siguen cerradas las de Palomar de Arroyos y otras dos en Zaragoza, una en la zona de la Universidad y la otra en Valdespartera. Permanece en prisión, al no haber aportado la fianza que se le pide, el farmacéutico de Aguilón (Zaragoza).