El Colegio de Farmacéuticos de Teruel advirtió a sus 105 colegiados en circulares remitidas los pasados meses de abril y mayo contra la tentación de derivar medicamentos hacia la exportación en busca de mayores beneficios económicos. Esta práctica, investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, ha desembocado en la clausura de diez farmacias de Teruel y Zaragoza por orden judicial y el encarcelamiento de cuatro boticarios.

El órgano colegial recuerda en la circular interna de mayo que la reventa de fármacos para su comercialización en el extranjero es ilegal y puede comportar multas de hasta un millón de euros y el cierre del establecimiento por un tiempo máximo de cinco años. La comunicación, que es reiteración de otra carta enviada a los farmacéuticos en abril de 2014, señala también que "en algunas oficinas de farmacia" se reciben ofertas de compra de una serie de medicamentos sin la correspondiente recetas y cuyo destino podría ser también la exportación. 

El vicepresidente del Colegio, Mariano Giménez, explicó que debido a los límites de precio impuestos por el Gobierno español, algunos fármacos multiplican su valor hasta por cinco en países del centro y norte de Europa. 

Entre la lista de medicinas más buscadas para la reventa en el extranjero figuran las destinadas al tratamiento de las migrañas, al control de la diabetes, antidepresivos, inmunodepresores o para el asma. Según un farmacéutico, en algunos de estos productos se han registrado situaciones de desabastecimiento puntual, aunque desde la DGA afirmaron "no tener constancia" de ningún caso de escasez de oferta. 

Un portavoz del Gobierno aragonés añadió, no obstante, que el servicio de inspección farmacéutica del Departamento de Sanidad está "vigilante" para que desde las farmacias no se deriven medicinas al extranjero en busca de beneficios económicos irregulares.

La circular del Colegio aclara que dispensar fármacos sin receta cuando está sea obligatoria puede comportar multas de entre 30.000 y 90.000 euros. Si, además, los productos así adquiridos se destinan a la reventa en otras farmacias, a almacenes mayoristas o a la exportación, se incurre en un delito sancionable con un millón de multa. El órgano colegiado señala que, en cualquier caso, estos comportamientos suponen "una falta deontológica grave" sancionable por el propio Colegio.

La circular de mayo se remitió en los días en que la Guardia Civil clausuraba por orden judicial la farmacia de Palomar de Arroyos, sobre la que recae la sospecha de un fraude con medicamentos que se destinarían, al menos en parte, a la exportación. La botica facturaba, presuntamente, a la sanidad pública medicinas que realmente no expedía y que luego vendía por otros conductos, entre ellos el mercado exterior. Un portavoz del Departamento de Sanidad explicó que en aquel caso "el protocolo de inspección funcionó". El cierre de la farmacia de Palomar fue el detonante de una actuación policial y judicial que se ha extendido por Teruel y Zaragoza.Malestar por un traslado

El Colegio de Farmacéuticos ha manifestado su malestar por el posible traslado de la única plaza de inspección farmacéutica de la Dirección Provincial de Sanidad a Zaragoza. Desde este puesto, actualmente vacante, se detectó el presunto fraude de la farmacia de Palomar de Arroyos.

Recientemente, el Boletín Oficial de Aragón publicó un anuncio que eliminaba la referencia a Teruel como destino del inspector farmacéutico radicado hasta ahora en la capital turolense. Mariano Giménez consideró el previsible traslado de la plaza a la capital aragonesa como una decisión "grave" porque la provincia pierde capacidad de gestión y la toma de decisiones se aleja.