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Teruel

El alcalde de Teruel busca una solución para las viviendas ilegales de Pomecia

Manuel Blasco no ha anunciado si el Ayuntamiento recurrirá la decisión judicial, a la espera de lo que recomienden los servicios jurídicos municipales.

Efe. Teruel Actualizada 04/12/2012 a las 16:14
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El asentamiento de Pomecia, surgido hace medio siglo, aglutina a la población gitana de la ciudad.B/A. GARCíA

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, ha asegurado que el Ayuntamiento busca una "solución urbanística" para conjugar los intereses de quienes viven en las edificaciones ilegales del barrio de Pomecia y la propietaria de los terrenos. 

El primer edil ha asegurado no obstante que respeta la sentencia que se hizo pública que dictamina que se ejecute el Decreto de 2011 de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel en el que se acuerda la "inmediata demolición" de una treintena de edificaciones "ilegales e ilegalizables" en el barrio de Pomecia.

"Queremos buscar una solución urbanística que satisfaga los intereses de la propiedad privada y respetemos el derecho a la vivienda que tienen los vecinos de Pomecia", ha resaltado el alcalde, quien todavía no ha anunciado si el Ayuntamiento recurrirá la decisión judicial, a la espera de lo que recomienden los servicios jurídicos municipales.

La propietaria de los terrenos en los que están edificadas las viviendas ilegales, Isabel Gorbe, había demandado ante los tribunales que el Ayuntamiento de Teruel ejecutara la orden, mientras que el Consistorio alegaba que debía estudiarse caso por caso y dar audiencia a las partes interesadas.

El letrado ya manifestó durante la vista la postura del Ayuntamiento, ha recordado el alcalde quien ha apuntado que no pueden "estar a favor del derribo de viviendas que afectan a personas" pero que tienen que ver cómo hacen compatible la sentencia.

"Veremos si hay posibilidad de recurso ante las consecuencias que el cumplimiento de la sentencia puede tener para las personas que viven allí", ha apuntado Blasco, quien ha apelado a la "voluntad negociadora" expresada por la propietaria para llegar a un acuerdo.

El alcalde ha asegurado que su intención no es "enredar a la propietaria ni tener al pueblo gitano en una situación de permanente incertidumbre", ya que "lo inteligente no es ir demorando la sentencia porque al final a esta o a la siguiente corporación municipal le caerá una sentencia firme que no tendrá posibilidad de apelación".

Al margen del proceso judicial, el Ayuntamiento lleva meses trabajando por medio de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo para ver cuál podría ser esa "solución urbanística", según ha explicado Blasco.

Ha recordado que la anterior corporación intentó solucionar el problema aprovechando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana pero ha dicho que la paralización hace que la solución deba buscarse "de manera separada del Plan General".

En todo caso, Blasco se ha mostrado contrario a que pase por una expropiación, porque tampoco las arcas municipales disponen de recursos.

"No descarto nada", ha asegurado ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una permuta "pero no podemos llegar a un acuerdo económico por daños que además tampoco ha ocasionado directamente el Ayuntamiento", ha admitido.

Sobre las obras realizadas por la anterior corporación en pavimento y servicios en la zona, en terrenos de Isabel Gorbe, Blasco ha recordado que "ahí viven personas, que no pueden estar en un barrizal" y por eso "mientras se resolvían los problemas el Ayuntamiento actuó para resolver un problema social, pero se hizo mal porque no se modificó el planeamiento".

"Es nuestra obligación cumplir con nuestras sentencias, nos gusten o no nos gusten", ha subrayado el alcalde quien ha añadido que "independientemente de los decretos, allí viven personas y no podemos meter las máquinas. No creo que el juez quiera que hagamos eso".







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