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Teruel

El Juzgado insta a la ejecución del derribo de las viviendas ilegales de Pomecia

Entiende que el escrito que presentó el portavoz de las familias no es válido porque el colectivo "carece de personalidad jurídica alguna, por lo que no tiene legitimación para recurrir".

Efe. Teruel Actualizada 03/12/2012 a las 20:12
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Barrio de Pomecía

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Teruel ha ordenado la ejecución de la orden de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel que acordaba la "inmediata demolición" de una treintena de edificaciones en el barrio de Pomecia habitadas por familias de etnia gitana. 

La propietaria de los terrenos en los que están edificadas las viviendas ilegales, Isabel Gorbe, había demandado ante los tribunales al ayuntamiento por no ejecutar la orden, mientras que el consistorio alegaba que debía estudiarse "caso por caso" y dar audiencia a las partes interesadas.

Durante la vista por estos hechos, el ayuntamiento alegó ante tribunal que el decreto de demolición no era firme al haber sido recurrido por un colectivo, el de la población gitana que vive en estas edificaciones.

En su resolución, el juzgado considera, sin embargo, que el decreto es firme "puesto que fue notificado individualmente a cada uno de los propietarios de las edificaciones afectadas, quienes no han interpuesto recurso alguno en tiempo y forma".

Entiende el tribunal que el escrito que presentó el 17 de enero de 2012 en el ayuntamiento el portavoz de las familias afectadas, Ángel Gabarre, después de recibir la notificación, no es válido porque el colectivo "carece de personalidad jurídica alguna, por lo que no tiene legitimación para recurrir".

Este recurso fue impugnado por Isabel Gorbe sin que el ayuntamiento lo haya resuelto, recuerda la sentencia, por lo que se considera desestimado por silencio administrativo.

La sentencia no comparte la postura de la representación legal del consistorio, que decía que debía conceder un plazo de subsanación para cada uno de los afectados.

El juez objeta que "a quien corresponde la aplicación de dicho precepto, no ha usado tal facultad de subsanación en sede administrativa, a pesar del largo periodo de tiempo transcurrido", y añade que los afectados pudieron además interponer recurso en vía administrativa cuando recibieron la notificación del decreto.

Argumenta, además, que los interesados fueron emplazados para personarse como demandados en esta causa pero que ninguno de ellos compareció.

La sentencia considera probada la existencia de numerosas edificaciones, tanto finalizadas y en uso como en construcción y el carácter ilegal de todas ellas, constatado por el informe del arquitecto municipal de diciembre de 2008.

"Las edificaciones son ilegalizables con la ordenación actual que es la que debe aplicarse", argumento que objetó el ayuntamiento alegando que está actualmente en tramitación una modificación del PGOU en la zona que, de ser aprobada en el futuro, podría permitir la legalización de las viviendas.


  • adela04/12/12 00:00
    Que derriben las casas de una vez, que menudo morro tienen, construyendo donde y como quieren; Si todos hiciésemos lo mismo esto sería un caos. Y de regalarles vivienda nada de nada, que se la paguen como todo españolito de a pie. Aunque no hay que quitarle culpa al Ayuntamiento, que nunca ha parado las obras ni les ha dado un toque, que este problema viene de lejos.





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