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El juez mantiene la imputación a un jefe de servicio de la DPT en el caso del Jamón

​Tras ser interrogado durante tres horas por el magistrado que investiga las ayudas al Consejo Regulador, el técnico se mostró "dolido" por su procesamiento.

M. A. Moreno. Teruel Actualizada 30/10/2015 a las 08:36
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El juez que investiga si hubo irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel durante el periodo 2009-2013 decidió ayer mantener la imputación al jefe de los servicios agropecuarios de dicha institución, Rogelio Castaño.

El técnico prestó declaración ante el magistrado instructor durante tres horas, desde las 8.30 a las 11.30, dentro de las diligencias abiertas por posibles ilegalidades en la gestión económica del Consejo del Jamón durante dicho plazo temporal. El juez le imputa los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos, según informó ayer en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Al término del interrogatorio, ya en la calle, Castaño manifestó sentirse "un poco dolido" por haber sido imputado. "Son muchos años de experiencia profesional y esto no agrada a nadie", manifestó. No obstante, el jefe de los servicios agropecuarios de la DPT mostró su confianza "en que haya justicia".

El abogado defensor de Rogelio Castaño, Miguel Ángel Lou, subrayó que, a lo largo del interrogatorio realizado ante el juez, quedó clara cuál había sido la actuación de la Diputación Provincial de Teruel así como de su representado, "de tradición absolutamente intachable, de reconocimiento siempre, y sobre cuyas actuaciones jamás ha existido un rechazo o impugnación".

Lou manifestó que en su ánimo y en el de su cliente está, "evidentemente", colaborar en el esclarecimiento "de cuanto sea necesario". "Pero estamos absolutamente tranquilos –continuó– en lo que respecta a las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de estos servicios agropecuarios".

El abogado agregó que la declaración judicial había sido útil también para "aclarar absolutamente todas las cuestiones referentes a la remisión de documentación". "Todo era más producto de la confusión; no hay nada que ocultar, todo es transparente", explicó Miguel Ángel Lou.

Con Rogelio Castaño son 15 las personas imputadas en el caso del Jamón. Entre ellas están el presidente y los vocales del Consejo entre 2009 y 2013, así como el gerente y algunos trabajadores de la entidad, encargada de velar por la calidad del Jamón de Teruel con Denominación de Origen y de promocionar este producto.
 

Informe pericial

La investigación judicial acerca de posibles irregularidades económicas en la gestión del Consejo del Jamón, iniciada hace ya casi dos años, se centra actualmente en la concesión de ayudas a dicha institución por parte de organismos oficiales. Y ello después de que un informe pericial concluyera que algunas de las cantidades de dinero concedidas al Jamón de calidad por la Diputación de Teruel y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) en los años 2009, 2010, 2011 y 2013, no estuvieron bien justificadas, ya fuera por la presentación de documentación errónea o incompleta.

La apertura de diligencias de investigación respondió a la denuncia formulada a principios de 2014 por el entonces presidente del Consejo del Jamón, Eugenio García, quien acusó a sus antecesores en el cargo de no llevar bien las cuentas de la institución, que se nutre para su funcionamiento de ingresos procedentes de las tasas que pagan todos los asociados –ganaderos y secaderos– y de ayudas públicas. La instrucción del caso continúa abierta.







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