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Caso Jamón de Teruel

El juez retira la imputación a dos interventores de la DPT citados por el caso del Jamón

A la vista de nuevos documentos aportados a la causa, ambos técnicos declararon como testigos. Los informes avalarían el correcto proceder de los profesionales en la concesión de subvenciones.

M Ángeles Moreno. Teruel Actualizada 23/10/2015 a las 10:12
Luis Antonio C. –izda.–, con su abogado.j. escudero

El juez que investiga si hubo irregularidades en la concesión de subvenciones públicas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel en el periodo comprendido entre 2009 y 2013 retiró ayer la imputación a dos interventores de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Luis Antonio C. y Enrique G.

Ambos técnicos de la DPT habían sido citados a declarar en calidad de imputados, pero, antes de que comenzaran los interrogatorios, el magistrado dictó una providencia en la que los dos quedaban libres de toda acusación y debían responder a sus preguntas solo como testigos.

Esta modificación se debió, según informaron los abogados de los dos declarantes, a la nueva documentación aportada a la causa en los últimos días por la Diputación Provincial de Teruel, que acreditaría la correcta intervención de los dos técnicos en las subvenciones que la DPT concedió al Consejo del Jamón.

Fuentes cercanas al caso señalaron ayer que los dos interventores habrían puesto "reparos y observaciones a la tramitación contable de dichas subvenciones, por no ser acorde al ordenamiento". El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) indicó en una nota que los dos técnicos habían sido desimputados después de que el magistrado analizara los informes de la Cámara de Cuentas y los de Intervención.

Tres expedientes

Las firmas de Luis Antonio C. y Enrique G. como interventores de la DPT aparecen en los expedientes de tres subvenciones otorgadas al Jamón de Teruel en 2010 y 2011, por un valor total de 68.000 euros, que un informe pericial forense consideró "no justificadas". Fue al conocer este documento, y a instancias del Ministerio Fiscal, cuando el magistrado citó a declarar a los dos interventores, dentro de las diligencias que se siguen para esclarecer si las ayudas se abonaron de forma errónea.

El estudio pericial argumentaba que, en algunos casos, la memoria que justifica la actividad realizada con la subvención es una mera copia del documento presentado para solicitar la ayuda. En otros, dicha memoria no se presentó o bien no hacía referencia a hechos que eran significativos para conceder la ayuda, como son la asistencia a ferias y certámenes gastronómicos a los que debía acudir el CRDO.

La declaración de uno de los interventores comenzó a las 8.30 y finalizó sobre las 11.00. El interrogatorio del segundo profesional, iniciado a continuación, se prolongó más allá de la una del mediodía. Uno de los abogados que estuvo presente en la testifical y que representa a uno de los vocales del CRDO imputados, Pedro López, explicó que los documentos aportados por la Diputación de Teruel son "memorias, facturas e informes" y destacó el "mal trago" que supone para un profesional "ser citado como imputado".

Carlos Moreno, abogado de uno de los dos técnicos de la DPT, afirmó al término de la testifical que, en el caso de su representado, "no hay ningún indicio racional por el que se le pueda imputar la más mínima actuación ilícita, ni administrativa ni penal". El mismo letrado destacó que el interrogatorio del juez fue "extenso, exhaustivo y muy completo". "Creo –agregó– que el recorrido que este procedimiento pudiera tener respecto de la Diputación es que se va a tirar por elevación; cada cual que interprete lo que quiera".

Miguel Redón, el letrado del otro interventor, se mostró satisfecho por el hecho de que su cliente hubiera sido desimputado a la vista de los nuevos informes aportados por la DPT, lo que hizo que su representado declarara "exclusivamente" como testigo.

En estos momentos, hay 14 personas imputadas en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel para averiguar si en el seno del Consejo Regulador del Jamón de Teruel hubo corrupción entre 2009 y 2013. El juez quiere saber si la gestión económica de dicha institución se hizo correctamente. Entre los investigados figuran quienes fueran presidente, vicepresidente, gerente y vocales del CRDO en aquel periodo. También están en la lista trabajadores del Consejo y de Promorigen S. L., una filial del primero.

El Consejo mantenía su actividad con la ayuda de subvenciones, pues los ingresos generados por las tasas abonadas por los asociados no eran suficientes para su funcionamiento.







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