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Hospital de Alcañiz

Partidos, sindicatos y colectivos piden la paralización de la licitación del Hospital de Alcañiz

Han presentado varios recursos para que se paralice cautelarmente la licitación de la obra.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 29/04/2015 a las 17:42
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Partidos políticos, sindicatos y otros colectivos sanitarios han presentado sendos recursos contencioso-administrativos en los que reclaman la paralización cautelar de la licitación convocada para la construcción del Hospital de Alcañiz y han estimado que el Gobierno de Aragón debería esperar, al menos, a las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo para impulsar este proyecto, que ellos rechazan.

En rueda de prensa, estas entidades han recordado que la decisión del Servicio Aragonés de Salud (Salud) de construir este nuevo hospital, mediante la concesión de obra pública, supone que la empresa que resulte adjudicataria realizará y financiará el edificio y gestionará posteriormente servicios no sanitarios, recibiendo anualmente una cantidad del Gobierno por estos últimos y por la utilización del hospital durante 20 años.

En total, el coste para la Comunidad será de 451 millones durante ese periodo, han apuntado. Para estas organizaciones, este sistema "abre la puerta a la privatización de la sanidad en Aragón" y "es mucho más costoso", además de que "hipoteca" durante 20 años al Ejecutivo.

Los colectivos que han recurrido la decisión son los partidos PSOE, CHA, IU y Podemos, los sindicatos Comisiones Obreras y CGT, y las organizaciones Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADS), Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Marea Blanca y Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda.

Recursos

Uno de los recursos ha sido presentado ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) frente al acuerdo del Tribunal de Contratos Administrativos Públicos de la Comunidad y otro ante el juzgado de lo contencioso-administrativo.

El primero impugna la decisión en la que el citado tribunal administrativo declaró la inadmisibilidad de los recursos interpuestos anteriormente contra la convocatoria de la licitación de la concesión de esta obra pública por parte del Salud y contra el propio contenido del acuerdo del Salud y el segundo por este último motivo, pero se presenta ante la jurisdicción ordinaria.

La portavoz de la Plataforma Marea Blanca, Carmen Valencia, ha explicado que reclaman la suspensión cautelar de la licitación porque de lo contrario sería "difícil" revertir la decisión puesto que "se generarían perjuicios", tanto para la Comunidad autónoma, como para la empresa adjudicataria.

Además, ha argumentado que los pacientes podrán seguir siendo atendidos como hasta ahora en el actual Hospital de Alcañiz. En este punto, la candidata de IU a la Presidencia de Aragón, Patricia Luquin, ha recordado "la contestación social, sindical y política" que ha generado la decisión de construir este hospital mediante este sistema.

Ha añadido que los colectivos que ahora han acudido a la vía judicial antes lo han hecho a la administrativa, "ya agotada" y también a la política y ha deseado que los resultados electorales del próximo 24 de mayo permitan una nueva "correlación de fuerzas" que haga posible "otro tipo de políticas" y construir este hospital con dinero público.

No han hecho caso

El representante del PSOE, José María Andreu, ha subrayado que "todos los implicados apostamos por la construcción de un nuevo hospital, pero que sea totalmente público" y ha advertido de que los pliegos recogen "bajadas de hasta el 30 por ciento", con las consiguientes "mermas de calidad", para precisar que en Alcañiz y su entorno se recogieron 17.000 firmas en rechazo a este modelo y se presentaron 11.000 alegaciones, pero "no han hecho caso a nada".

Por su parte, el miembro de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, Demetrio Calvo, ha incidido en que la experiencia de otros países y de otras Comunidades demuestra que "la gestión pública es mucho mejor" y menos costosa para las arcas de la Administración.

Al respecto, la portavoz de Marea Blanca, Carmen Valencia, ha opinado que este sistema de concesión de obra pública es más apropiado para autopistas o embalses, pero no para un hospital y la representante de IU Patricia Luquin ha lamentado que un Gobierno "prácticamente en funciones" quiera comprometer las cuentas públicas durante 20 años.

El representante de Comisiones Obreras, Juan Urdániz, ha mencionado "la intención del Gobierno de empezar los trabajos este mismo verano" y ha alertado de las consecuencias que tendrá para los trabajadores este modelo.

Según ha dicho, hasta ahora "todo el personal del Salud es público, algo que garantiza la estabilidad en el empleo y salarios justos, que acaban retribuyendo a toda la sociedad", mientras que la gestión privada "supondrá una pérdida de calidad en el empleo y una quiebra de acuerdos, como el relativo a la promoción interna, que no podrá ser aplicado en el Hospital de Alcañiz para los puestos externalizados, ha dicho.

Urdániz ha esgrimido, asimismo, que "nos tememos que este es el primer paso para extender este nuevo modelo al resto del Salud". Por su parte, la portavoz de Marea Blanca ha apostillado, que los servicios externalizados "no funcionan igual" y por eso también saldrán perjudicados los pacientes.

Deshacer la decisión

La representante de CHA, Carmen Martínez, ha remarcado la defensa de todos estos colectivos de "la obra, gestión y sanidad pública", financiada al cien por cien con fondos de la Administración y ha reclamado al Gobierno que no adjudique una concesión que después igual se tiene que "deshacer".

Por su parte, Itxaso Cabrera, de Podemos, ha defendido la presentación de estos recursos porque "quedarnos quietos sería apostar por la privatización".
El representante de CGT, Carlos Martínez, ha comentado que los tribunales deberían tener en cuenta la "inseguridad jurídica" que se puede generar puesto que el Gobierno puede acogerse a la "sostenibilidad de las cuentas públicas" para liquidar el acuerdo como ha hecho en esta legislatura con el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR).







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