La DGA se desmarca de la situación de Sarrimad

La situación económica de la empresa Sarrimad de Sarrión, que podría llevarla a situación concursal este año, "no es imputable" al proceso judicial que mantiene abierto con el Gobierno de Aragón, cuyo último paso es una sentencia de febrero que obliga al Ejecutivo a pagar 1,4 millones de euros a la empresa.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo autonómico, "es arbitrario e injustificable" imputar esa mala situación económica al gobierno, puesto que el proceso judicial se remonta a hace quince años y en este tiempo la empresa ha funcionado con normalidad e incluso ha abordado procesos de expansión.

El Ejecutivo se ha pronunciado así después de la manifestación celebrada en Teruel por los trabajadores de la empresa, que reclaman al Gobierno que haga efectivo el pago del dinero que recoge la sentencia y solucionar así los problemas de liquidez.

Actualmente, en las tres empresas del grupo trabajan un total de 75 trabajadores y están afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Según las fuentes, el Gobierno ha puesto de manifiesto su disposición a ayudar a la empresa y ha recordado que representantes del Departamento de Industria se reunieron con responsables de la empresa antes de conocerse la sentencia. El Ejecutivo "no puede dejar de defender los intereses del Gobierno de Aragón, que son los de todos los aragoneses", según han señalado las citadas fuentes. 

El proceso judicial comenzó después de que en septiembre del año 2000 el Ministerio de Economía señalara que la planta de cogeneración que había puesto en marcha el grupo empresarial, y que contaba con autorización de 1998, no cumplía las condiciones técnicas para estar inscrita en el Registro Autonómico de instalación de producción en régimen especial que bonifica la venta de energía a las compañías eléctricas.

En 2001, el Gobierno de Aragón, previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, determina su salida de dicho Registro, lo que la empresa recurre en los tribunales, que dan la razón al Gobierno de Aragón en una sentencia del Tribunal Supremo de 2008. En mayo de 2009, la empresa decidió reclamar judicialmente al Gobierno de Aragón responsabilidad patrimonial porque entendía que habían realizado la inversión de 1,1 millones de euros tras tener autorización y se habían visto perjudicados tras revocarse. La sentencia de febrero de este año da la razón a la empresa pero el Gobierno de Aragón ha recurrido la decisión.