El convento de carmelitas descalzos del Desierto de Calanda, uno de los monumentos más emblemáticos del Bajo Aragón, ha sido embargado y podría salir a subasta en breve. Un acreedor de la empresa propietaria, Hermanos Carceller de Caspe (Zaragoza), solicitó el embargo que el juzgado caspolino decretó el pasado 16 de abril. Los acreedores han manifestado su voluntad de contactar con la DGA para sondear la posibilidad de que el inmueble, declarado Bien Catalogado del Patrimonio Aragonés desde 2004, pase a manos públicas «y pueda ser restaurado cuando la situación económica lo permita».

El convento del Desierto de Calanda, levantado en el siglo XVII y reconstruido tras un incendio en el XVIII, es un imponente edificio de estilo barroco. Actualmente está en ruinas, con la cubierta hundida pero con las paredes maestras y las fachadas en buen estado. Debido a sus grandes dimensiones y a su monumentalidad, recibe el sobrenombre de 'Escorial del Bajo Aragón'.

El monasterio se encuentra actualmente a la venta en la inmobiliaria Fincas Alcañiz, de la capital bajoaragonesa. Aunque, de momento, no ha habido ninguna oferta formal de adquisición, el precio podría rondar los 150.000 euros. Varias personas han visitado el monasterio tras salir a la venta, pero sin concretar propuestas de adquisición.

La compañía que ha obtenido el embargo reconoce que su prioridad es «cobrar» la deuda contraída por Hermanos Carceller, una sociedad dedicada a actividades agropecuarias. Un representante legal de la empresa acreedora explicó que procederá «lo más rápido posible» a la subasta de los bienes embargados, que, además del monasterio, incluyen diversa maquinaria. Carlos Carceller, propietario del convento, no quiso hacer declaraciones. Aunque, inicialmente, negó el embargo, posteriormente dijo que no le «interesa» manifestarse al respecto.

Al tratarse de un Bien Catalogado, la DGA tiene derecho de tanteo y podría adquirir el inmueble por el mismo importe por el que sea comprado en subasta. El alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, dijo que el Gobierno aragonés «debería aprovechar esta oportunidad histórica de adueñarse del convento, que estará mejor en manos públicas que privadas». Ibáñez abogó por una intervención inmediata para, al menos, «consolidar» los restos existentes.

Tanteo improbable

Desde el Departamento de Cultura advirtieron de que, con carácter general, el Gobierno aragonés no compra edificios por un precio superior al coste de la restauración. Aclararon que este criterio puede tener salvedades en caso de un excepcional interés por el inmueble. La misma fuente consideró «difícil» que la DGA pueda pujar por el monasterio en caso de subasta o ejercer el derecho de tanteo. Aclaró que dada su condición de Bien Catalogado -inmediatamente inferior a la de Bien de Interés Cultural- cualquier actuación en el edificio debe contar con el beneplácito del Departamento de Cultura.

Para José Ramón Ibáñez, la DGA debería obligar al propietario del convento, sea quien sea, a conservarlo. Ibáñez recalcó el carácter «emblemático» que el monumento tiene para el Bajo Aragón. Recordó que en los años noventa del siglo XX un incendio acabó con los pinares que rodeaban y realzaban la belleza de lugar.