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Protestas por los desahucios

El juez abre diligencias por el escrache ante la casa del diputado nacional Lanzuela en Cella

Si encuentra indicios de infracción penal, llamará a declarara los activistas que participaron enla protesta contralos desahucios.

Mª Ángeles Moreno Actualizada 26/04/2013 a las 22:33
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Los activistas negociaron, sin éxito, poder meter en el buzón un manifiesto.A. G.

El juez del juzgado de Instrucción número dos de Teruel ha abierto diligencias para investigar los hechos ocurridos el pasado día 14 durante el escrache que unas 50 personas realizaron ante la casa que el diputado nacional del Partido Popular Santiago Lanzuela tiene en la localidad de Cella.

Los manifestantes protestaron en las proximidades de la vivienda del político contra los desahucios, dentro de la campaña que la Plataforma Afectados por la Hipoteca desarrolla a nivel nacional para reclamar la dación en pago y el alquiler social.

El juzgado pone en marcha la investigación tras recibir una denuncia de Lanzuela por lo sucedido. El político presentó la queja en la comisaría especial de las Cortes al tener conocimiento de la convocatoria realizada por el colectivo Stop Desahucios ante su domicilio en Cella, según informaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

De momento, el juez ha acordado pedir un informe a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con el fin de conocer con detalle lo que ocurrió. Agentes de ambos cuerpos de seguridad intervinieron aquel día acordonando la calle e impidiendo que los participantes en el escrache pudieran acercarse a la puerta de la casa de Lanzuela y meter en el buzón un manifiesto con las reivindicaciones del colectivo de afectados por los desahucios.

Infracción penal
El juez titular del juzgado de Instrucción número dos de Teruel, Jorge Cañadas, quiere averiguar si en la protesta se produjeron insultos, amenazas, coacciones, lanzamiento de objetos o cualquier otra acción que pudiera constituir una infracción penal. En ese caso, la Justicia comenzaría a identificar a los manifestantes y estos serían llamados a declarar con el objetivo de que el magistrado conociera también la versión de estos.


Por el contrario, si las diligencias que se practiquen ponen de manifiesto que se trató de una acción pacífica cuyo único fin fue el de informar, el asunto podría archivarse. Fuentes judiciales indicaron que las consecuencias penales, si es que finalmente las hubiera, dependerán igualmente de las conductas desarrolladas durante la protesta. A la luz de los informes policiales que se le remitan, el juez adoptará una decisión.

Desde Stop Desahucios explicaron que durante el escrache la Policía no pidió la documentación a ninguno de los participantes. Sin embargo -relataron-, media hora antes del inicio de la protesta, en una plaza de la capital turolense en la que los activistas habían quedado para salir juntos hacia Cella -a 14 kilómetros de Teruel-, los agentes procedieron a identificar a la decena de inmigrantes que había allí.

Para Stop Desahucios, la medida resultó intimidatoria y pretendía hacer desistir a los inmigrantes de su participación en el escrache, como así ocurrió con algunos de ellos, que optaron por quedarse en Teruel.

La plataforma había anunciado el escrache -el primero en Teruel- en la casa de Lanzuela en Cella, donde el político sigue domiciliado, la semana de antes. Por ello, desde primeras horas del día 14 hubo presencia policial en la localidad. Ese día, el diputado no se encontraba en la vivienda, pero sí su madre y dos de sus hijos.







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