La Plataforma de alcaldes en defensa del medio rural, tras analizar el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha expresado su rechazo "a un texto que, de aprobarse en su actual versión, pone en serio peligro la supervivencia del medio rural aragonés, al no haberse tenido en cuenta en su redacción nuestra realidad territorial y demográfica". 

En un comunicado, la plataforma ha criticado que "el afán reformista del PP apuesta ahora por la desaparición de la garantía constitucional de autonomía municipal y de personalidad jurídica plena, dando pasos hacia la privatización de los servicios públicos, con el consiguiente deterioro, e incluso supresión, de los mismos en los pueblos en un futuro próximo por razones simplemente economicistas".

En este sentido, han señalado que la deuda de los ayuntamientos no supera el 4% de la deuda pública estatal, "y en su mayor parte pertenece a los consistorios de las grandes ciudades", por lo que "no admitimos que se nos señale como culpables del problema del déficit público, ya que somos los que mejor estamos cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera".

En su opinión, "el desacuerdo inicial de la Federación Española de Municipios (FEMP), de la mayoría de los partidos políticos e incluso de ediles del PP, demuestra que la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno central de sacar adelante esta reforma sin unas bases mínimas de entendimiento esconde unas oscuras intenciones de dejar a los habitantes del medio rural sin buena parte de los servicios públicos que ahora disfrutan".

La plataforma ha indicado que "las principales incógnitas que nos plantea el texto son cómo se va a realizar la medición de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y cómo se repartirán sus nuevas funciones de tutela las comarcas y las diputaciones provinciales para prestar los servicios que podrían asumir de los municipios de menos de 20.000 habitantes".

"Desprecio absoluto" 

Además, pese a que el ahorro en cargos y sueldos "solo supone el 2% de los hipotéticos y discutibles 7.129 millones de euros que se pretenden ahorrar con esta reforma, se pone en el ojo del huracán a miles de alcaldes y concejales que no perciben nada por desarrollar su labor".

Al respecto, la plataforma ha considerado que el hecho de prohibir por ley que los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes tengan alguna retribución "supone un desprecio absoluto al enorme trabajo voluntario y de servicio público que desempeñan los ediles de estos ayuntamientos, quienes desde su actitud responsable, en su inmensa mayoría nunca han percibido nada".

Asimismo, el plazo otorgado a las mancomunidades y entidades locales menores para rendir cuentas y justificar su viabilidad económica, o en caso contrario desaparecer, "nos parece demasiado corto, por lo que nos preocupa también dado el gran número de mancomunidades y entidades locales menores que existen en Aragón".

Consenso

La Plataforma ha asegurado que no se opone a la racionalización de medidas en el ámbito local, "y mucho menos a las que afectan al gasto político, pero siempre partiendo de un consenso y contando con la opinión de quienes vivimos en el medio rural".

En este punto, ha recordado que el sistema de financiación de las haciendas locales, "que constituye el principal problema de los ayuntamientos", sigue siendo una "asignatura pendiente" para paliar las pérdidas o el estancamiento de los recursos "y debería aprobarse en paralelo a la Ley de reforma local".

De esta forma, "hasta que se realice la aprobación definitiva, y con la esperanza de que durante la tramitación parlamentaria se pueda mejorar el texto", la Plataforma de alcaldes en defensa del medio rural ha reiterado su intención de combatir contra esta reforma con acciones a desarrollar durante los próximos meses "para evitar un desmantelamiento de servicios que provocaría una grave depresión socioeconómica en nuestros pueblos".