Carbón

Lambán exige que se prorrogue el decreto del carbón hasta 2018

El presidente del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado hoy que el decreto de garantía del suministro del carbón es "perfectamente prorrogable" y ha exigido que se alargue hasta 2018.


Lambán ha presidido hoy la reunión del Plenario del grupo parlamentario socialista, donde ha anunciado que pedirá explicaciones a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y al consejero de Industria, Arturo Aliaga, sobre las declaraciones del ministro José Manuel Soria relativas a este decreto.


En este sentido, ha añadido que si no se reconduce la voluntad inicial del ministro de no prorrogar las ayudas supondrá el cierre de las minas, toda vez que ha añadido que Soria da una respuesta "cínica" porque existía un decreto que garantizaba las ayudas hasta 2014 pero era como consecuencia de una visión coyuntural o temporal del problema, ha informado el PSOE en un comunicado.


Cuando se firmó ese decreto por parte del anterior presidente del Gobierno se esperaba que para 2014 se hubiera solucionado el problema de la crisis y de la energía eléctrica y, por lo tanto, "no hacía falta seguir dando estas ayudas", ha dicho Lambán, quien ha insistido en que es un decreto "perfectamente prorrogable".


Con respecto a la sanidad aragonesa, el presidente del grupo parlamentario del PSOE ha pedido a Rudi que explique sus pretensiones reales después de que el secretario general de su partido en Aragón, Octavio López, haya apostado por el modelo privatizador de Madrid.

Reforma de la administración local

El líder del PSOE aragonés se ha referido también a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que, a su juicio, no debería nunca ir al Consejo de Ministros si no cuenta con el respaldo explícito de, al menos, los dos principales partidos del país, y ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy esté dispuesto a hacerlo "aunque no exista acuerdo".


Lambán ha reiterado el desacuerdo del PSOE con la reducción del número de concejales y con la expropiación a los ayuntamientos de competencias y obligaciones "por impropias que sean", ya que, muchas veces, "son la única instancia a la que los ciudadanos pueden recurrir".