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Los grupos políticos de las Cortes de Aragón no han logrado consensuar una posición conjunta respecto a los incidentes que se registraron en el pleno del pasado jueves, ante las discrepancias expresadas por los partidos respecto a la valoración de una acción que provocó la suspensión de la sesión.

Tras una reunión en junta de portavoces que se ha prolongado por espacio de dos horas y media, los representantes de las distintas formaciones políticas han descartado elaborar un acuerdo por escrito y han decidido volver a abordar el asunto el próximo miércoles en un nuevo encuentro del mismo órgano parlamentario.

En una comparecencia posterior ante los medios de comunicación, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha explicado que su grupo "nunca ha compartido actitudes violentas ni agresivas, ni dentro ni fuera del parlamento", pero ha apreciado al tiempo que lo ocurrido en el pleno de la semana pasada es un reflejo de "lo que se está viviendo en la calle".

Barrena ha destacado que cualquier acuerdo respecto a los incidentes registrados debe aportar soluciones a las dificultades que atraviesan las cuencas mineras, subrayando que "hace falta calma, pero también actuaciones que resuelvan los problemas de los ciudadanos".

La representante de CHA, Nieves Ibeas, ha explicado que el "debate de fondo" respecto a los incidentes no radica en lo ocurrido en el pleno sino en la situación de unas personas que "por unos millones de euros se están jugando su futuro", y que, según ha afirmado, "han sido engañadas".

A juicio de Ibeas, "por encima de todo, ésta es la casa de todos (en referencia a las Cortes) y es normal que las tensiones lleguen a esta cámara, y si alguien tiene interés de reducir la posibilidad de que los ciudadanos puedan asistir a los plenos, va en una dirección equivocada".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha expresado el rechazo de su grupo a las "actitudes violentas", pero ha señalado al tiempo que "por encima de nuestra autodefensa (de los parlamentarios) está la defensa de los ciudadanos", en alusión a la grave situación que atraviesan los trabajadores del carbón con la supresión de las ayudas al sector.

Ha rechazado, además, cualquier medida que pudiera suponer el libre acceso de la ciudadanía a las instituciones, aunque esto supusiera algún tipo de "riesgo" para los responsables políticos.

El representante del PAR en la junta de portavoces, Alfredo Boné, ha expresado su preocupación respecto a la situación de las cuencas mineras y ha incidido en la necesidad de buscar soluciones para el futuro del sector, pero ha advertido que los incidentes registrados deben imputarse a las personas que los llevaron a cabo a fin de no "demonizar" al conjunto del colectivo de los mineros.

Boné ha denunciado, sin embargo, los hechos ocurridos en el interior del parlamento y ha insistido en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la "libertad" de los diputados frente a "actitudes que los puedan limitar".

Ha reconocido, además, que entre las medidas que se han analizado durante la reunión se ha planteado la posibilidad de recurrir a la fiscalía, aunque ha admitido que no sabe "si esto contribuiría a resolver el problema o a acrecentarlo".

Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Torres, ha admitido que durante la reunión se ha valorado la posibilidad de elaborar un manifiesto conjunto respecto a unos hechos que, en su opinión, es "imprescindible condenar" y que obligaron a suspender la sesión plenaria debido a los gritos e insultos proferidos por los alborotadores contra los diputados.

En su opinión, "si una institución democrática es interrumpida y son insultados los diputados, tiene que haber una condena, porque es un ataque a la esencia misma de la democracia".