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Un vecino de Teruel, Miguel Villarroya, ha visto embargado su salario por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2008 correspondiente a una casa que, aunque fue suya, desde 2005 es propiedad del Ayuntamiento de Teruel. De hecho, en esta finca, la DGA -tras recibir la cesión del solar por el Consistorio- construye actualmente el nuevo instituto Segundo de Chomón.

A pesar del peregrinar iniciado por Villarroya desde que recibió el recibo del IBI por distintas oficinas y organismos para intentar corregir la situación y evitar un desembolso que él considera injusto, las gestiones no han dado ningún fruto y no han impedido el embargo de 259 euros de su nómina de febrero, correspondientes a los 209 euros del IBI de 2008 más los intereses de demora acumulados.

El cariacontecido contribuyente anuncia que reclamará la devolución del descuento soportado en su sueldo de trabajador del hospital Obispo Polanco "más los intereses correspondientes". De hecho, ya ha solicitado la devolución del importe del IBI de los años 2006 y 2007, porque en esos ejercicios "ya no era propietario de la finca tras la aprobación del plan parcial del Polígono Sur y de la reparcelación de la zona, donde dejé de ser titular".

Estudian la reclamación

La concejala de Hacienda, Carmen Alonso, explicó que el Ayuntamiento estudia la reclamación de Miguel Villarroya y, "en caso de que tenga razón, se le devolverá el IBI". Alonso consideró, no obstante, que, probablemente, si el Ayuntamiento ha pasado el recibo es porque "los datos catastrales de la finca están a su nombre, porque el cobro del IBI es un procedimiento mecánico". En su opinión, si Villarroya "justifica que no es el dueño de la parcela, la Administración rectificará".

El indignado vecino achaca la desagradable situación en la que se ha visto inmerso a la "inoperancia de la Administración o a la incompetencia de los funcionarios implicados". A continuación, relata su paso por el Catastro para que le dieran de baja como titular de la finca que generó el IBI de la polémica: una casa rodeada de un jardín situada en el Polígono Sur. El Ayuntamiento cobra el IBI en función de las propiedades recogidas en el Catastro y aplica el tributo en base a los valores catastrales.

También acudió con el mismo asunto al Servicio de Tributos de la Diputación Provincial -que se encarga del cobro del IBI por delegación del Ayuntamiento- también al propio Consistorio y de allí a la Gerencia de Urbanismo. Todo su periplo resultó en vano.

Miguel Villarroya explica que, con la aprobación definitiva del plan parcial y del proyecto de reparcelación por el Ayuntamiento en 2005, dejó de ser titular de su casa en la carretera de Castralvo. Este fue el argumento que utilizó, en julio de 2008, ante el Servicio de Tributos de la Diputación y ante el Catastro. Admitió que en unas administraciones le trataron con corrección e incluso con amabilidad y en otras con más frialdad, aunque dijo: "El trato es lo que menos me importa en este caso. Lo verdaderamente importante era resolver el problema, y en este sentido ha prevalecido la ineficacia".

Así, en febrero de 2009 se ejecutaba el embargo sobre su salario del Salud. A juicio de Miguel Villarroya, que protagonizó una conflictiva negociación con el Ayuntamiento para incorporar su finca a la planificación urbanística del Polígono Sur, el Consistorio es el principal responsable del embargo de su nómina. "Debería haberse dado de alta hace años en el Catastro -indica- como nuevo propietario de la que fue mi casa". La demora en las negociaciones para la enajenación de la finca -que incluyeron el paso por los tribunales- retrasó el inicio de las obras del Segundo de Chomón, aunque Villarroya descarta que su problema tributario se deba a una venganza. Todo responde, a su juicio, a un caso "de incompetencia y burocracia surrealista".