La unión temporal de empresas (UTE) que construirá el nuevo hospital de Alcañiz ha recurrido ante el Ayuntamiento el pago de la licencia de obras, de alrededor de 2,1 millones de euros para reducirla hasta 1,4 millones. Un procedimiento con el que consigue tiempo y que mientras se resuelva el proceso administrativo pueda comenzar a trabajar sin tener que invertir en abonar la licencia.

La UTE de OHL y Dragados no solo tiene que afrontar el pago de los 2,1 millones, también debe hacer frente a la tasa de expedición de documentos, que asciende a 450.000 euros, a los que se le añaden los intereses a sumar un año de impagos. Esta tasa debería haber sido abonada por DGA cuando inició los trámites administrativos. Sin embargo, no lo hizo pero el Ayuntamiento continuó con la tramitación para «no entorpecer el proceso». Según el contrato que el Salud firmó con la UTE, ahora es responsabilidad de la constructora el liquidarla.

No obstante, el Consistorio ya ha remitido un recurso de apremio a DGA para que pague la tasa.

Entre la licencia de obras y la tasa de expedición de documentos OHL-Dragados tienen que abonar antes de comenzar los trabajos más de 2,5 millones de euros, una cantidad superior a lo que recibirán este año de DGA en concepto de primera anualidad de las obras. En la negociación de los Presupuestos de 2017 se redujo la partida de 2017 de 11,4 a 2,1 millones alegando que no se iba a ejecutar toda la suma.

El recurso a la licencia de obras es un procedimiento legal que, sin embargo, no se suele emplear por parte de las empresas. La cantidad a abonar en la licencia se calcula en base al presupuesto de ejecución de la obra según el precio por el cual salió a licitación. En este caso la UTE alega que presentó una baja importante (rozando la baja temeraria) y por eso solicita que se recalcule el pago teniendo en cuenta la cantidad que ofertó. De ser así, se reduciría la cuantía de 2,1 a unos 1,4 millones. Normalmente, al terminar una obra se realiza una regularización de la licencia y se liquida la tasa real. Habitualmente, la constructora debe pagar un añadido si como ocurre en obras de gran envergadura se realiza un modificado de obra que encarece el coste. A estas cantidades se suman los 400.000 euros de la expropiación de los terrenos que DGA aún debe al Consistorio.

Mientras tanto, las obras siguen sin comenzar más de un mes después de que se colocara la primera piedra. Fuentes del Salud califican la situación de «normal» y reiteran que se están llevando a cabo procedimientos previos. De hecho, se espera que esta semana se valle el recinto.

No obstante, en Alcañiz crece la preocupación social y política porque las obras no comiencen a corto plazo para así también ayudar a «reactivar» la economía bajoaragonesa. Aseguran que próximamente se verán pequeños movimientos a cargo de empresas locales pero que el grueso de los trabajos no comenzará hasta dentro de dos años. «Su cometido es terminar en 2021, ¿si se puede hacer en tres años para qué van a tener contratados a trabajadores cinco años? La DGA debería haber acortado el plazo de ejecución», opina el alcalde, Juan Carlos Gracia.

Sin embargo, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, dijo en las Cortes que si la UTE incumple los plazos o el presupuesto «se verá sometida a penalización» e, incluso, se podría llegar a la suspensión del contrato.