La alcaldesa de Teruel aboga por "deshacer" el barrio de Pomecia con fondos europeos

Buj ha dicho que el Ayuntamiento ha hablado con el colectivo gitano y que "están por la labor de colaborar".

El barrio de Pomecia, ocupado por población gitana, se empezó a construir en los años 60 del siglo pasado después de que se levantaran ocho viviendas promovidas por Cáritas. Su crecimiento desordenado ha dado lugar a 70 edificaciones.
El barrio de Pomecia, ocupado por población gitana, se empezó a construir en los años 60 del siglo pasado después de que se levantaran ocho viviendas promovidas por Cáritas. Su crecimiento desordenado ha dado lugar a 70 edificaciones.
A. García/bykofoto

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha dicho este lunes que buena parte de los fondos del programa europeo Edusi para integración social se dedicarán a "deshacer" el barrio de Pomecia, donde se asienta la mayor parte de la población de etnia gitana y con varias viviendas irregulares.

Así lo ha explicado en referencia al acuerdo de la Junta de Gobierno de la ejecución subsidiaria de la orden de demolición de una edificación de este barrio, que se suma a otras dos aprobadas en las últimas semanas.

"El Ayuntamiento lo único que hace es cumplir con la ley" ha dicho la primer edil a los medios de comunicación y por eso ha señalado que "a nadie tiene que extrañar ni escandalizar" estas decisiones.

Para ello el Ayuntamiento espera contar con fondos destinados a la integración social del programa europeo Edusi concedido a la ciudad: "Hay una partida importante para integración social cuyo objetivo es deshacer el barrio de Pomecia facilitando que las familias salgan del barrio y se formalicen sus formas de vida", mediante el alquiler o la compra de viviendas, ha explicado.

Sobre la forma en la que se concretará esta partida, la alcaldesa ha dicho que el Ayuntamiento está pendiente de recibir las instrucciones de cómo se gestionan este tipo de fondos "que tienen carácter más social porque lo de las obras está más claro", pero ha confiado que en 2017 el Ayuntamiento podrá planificar "cómo acometer el problema del barrio de Pomecia desde un punto de vista social, no solo urbanístico".

Preguntada por los periodistas, Buj ha dicho que el Ayuntamiento ha hablado en diferentes ocasiones con el colectivo gitano, que "están por la labor de colaborar", y "poder llevar a cabo en los próximos años una transición ordenada que permita salir del barrio a muchas familias".

Ha añadido además que "ellos son conscientes de que llevan mucho tiempo viviendo en el barrio pero es un periodo que está llegando a su fin y algo hay que hacer".

En ese sentido ha destacado la "colaboración y el diálogo" pero ha recordado que el equipo municipal es consciente de que "el barrio de Pomecia requiere una solución compleja, más allá de los derribos".

Ha apuntado además que las edificaciones ilegales no afectan a una sola zona de la ciudad, aunque en el barrio de Pomecia haya más viviendas irregulares, y de hecho en la Junta de Gobierno de hoy también se ha aprobado otra orden de demolición en otra zona.

"Todos los turolenses tienen que ser conscientes de que todo aquel que acometa una edificación ilegal acabará recibiendo una orden de derribo del Ayuntamiento de Teruel".

Así de tajante se ha mostrado para añadir que "algún día tiene que llegar ese punto final" al problema de las viviendas ilegales, que no es nuevo en la ciudad.

Se da la circunstancia de que estas órdenes se han aprobado pocos días después de que el juez de Instrucción nº 1 de Teruel comenzará a tomar declaración a los investigados en la causa que instruye por la querella criminal presentada por la propietaria de parte de los terrenos de Pomecia, Isabel Gorbe.

Así, en la causa la pasada semana declaró el anterior alcalde del Partido Popular, Manuel Blasco, en calidad de investigado, y a partir del 20 de marzo está previsto que lo hagan también otros exalcaldes - Miguel Ferrer (PAR) y Lucía Gómez (PSOE)- así como un exconcejal de Urbanismo y técnicos municipales, a los que Gorbe denunció por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a su gestión del urbanismo en el barrio de Pomecia.

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