La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones Mariano López Navarro y Urbyma ha resultado adjudicataria de las obras de acondicionamiento del Palacio de Justicia de Teruel para su adaptación a las especificaciones de la Nueva Oficina Judicial. El importe de adjudicación es de 2.630.846 euros más IVA y un plazo de ejecución de 18 meses, repartidos en dos fases, según informa el Ejecutivo en un comunicado.

Una vez terminada la primera fase de obras, de 9 meses, será ocupada por los usuarios finales, desalojándose a continuación la otra parte del edificio para permitir el inicio de la segunda fase, con una duración estimada de 6 meses. El importe de la licitación fue de 3.328.952 euros más IVA y a la convocatoria presentaron ofertas 12 empresas.

Las obras se financian con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y a la cuantía de la ejecución de la obra hay que añadir el mobiliario y el equipamiento informático. La reforma pretende adaptar los edificios a las necesidades de distribución e implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), la flexibilidad en los espacios, el ajuste a la normativa relativa a la construcción que contiene el Código Técnico de la Edificación y la mejora de la eficiencia energética.

La nueva remodelación abandona la idea de la oficina tradicional, aporta los criterios propios de la NOJ, dota a los espacios de una mayor flexibilidad y plantea los cambios sobre la base de la unificación absoluta de ambos edificios, según destacan fuentes del Gobierno de Aragón.Se trata de edificios construidos en 1940, aunque el inmueble de los juzgados fue reformado parcialmente en 2010, mientras que el de la Audiencia lo fue en zonas puntuales y solo cuenta con climatización en las salas de vistas.

Actualmente, esta sede tiene problemas de humedad, de climatización, de comunicación y mantiene espacios muertos de difícil uso. En la planta calle, con acceso desde la Plaza de San Juan, la nueva distribución conjunta de ambos edificios dispondrá el vestíbulo, el Servicio Común de Ejecución, el decanato, espacios para abogados y procuradores, la unidad administrativa y el Registro Civil. La primera planta quedaría completada con un vestíbulo común, las cuatro salas de vistas y la propia Audiencia. Una de las novedades de la nueva distribución es que una de las salas cuenta con un tabique móvil que posibilita determinadas ampliaciones.

En la segunda planta se ubicarán todos las UPAD (Unidades Procesales de Apoyo Directo) a cada uno de los juzgados (tres mixtos y los juzgados de lo Contencioso, Penal y Social). La tercera planta puede considerarse como el área privada del inmueble, con acceso restringido puesto que en ella tendrían cabida todos los despachos de jueces, fiscales y letrados judiciales, las salas de apoyo y de reuniones. 

La planta bajo la cubierta se destinará a espacios de reserva, multiusos, biblioteca y una dependencia de oficio, entre otros servicios. Con esta nueva distribución se mejora la seguridad y se marca claramente la diferenciación entre la utilización pública y la privada.

En cuanto a los sótanos, en el primer nivel quedarían ubicados los archivos y los calabozos y en el segundo nivel las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y el Tribunal de Menores, en este caso con un acceso independiente.

En la actualidad se está realizando el traslado del personal y equipamientos a la Casa Blanca, donde estarán ubicados mientras se realicen las obras.