Manuel Blasco declara por la suspensión del derribo de 29 viviendas en el barrio de Pomecia

El exalcalde de Teruel y actual candidato del PP al Congreso por esta provincia, Manuel Blasco, ha declarado este viernes en la Fiscalía de la Audiencia Provincial como testigo en la causa sobre la suspensión del decreto de derribo de 29 viviendas en el barrio de Pomecia de esta ciudad, asentamiento del colectivo gitano.

La investigación de la Fiscalía es fruto de la denuncia de una particular, Isabel Gorbe, propietaria de parte de los terrenos y que reclama el cumplimiento de un decreto firmado por Blasco para el derribo de unas viviendas construidas en su propiedad de forma ilegal.

Este asentamiento está ubicado en una rambla que el propio municipio pavimentó con una capa de hormigón y posteriormente declaró en el planeamiento como zona verde y al que el consistorio permitió recibir suministro de agua potable.

Blasco ha calificado de "situación compleja" el asunto que investiga la Fiscalía, además de que está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dicte sentencia respecto al decreto de derribo.

El exalcalde ha comentado que ha explicado al fiscal los motivos por los que suspendió el decreto de derribo y ha señalado que "en 2013 di orden de hacer una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) salvaguardando los intereses municipales, los de la propietaria y los de los vecinos".

En este sentido, ha considerado que "no parece razonable derribar unas viviendas que tienen ya treinta o cuarenta años" y bajo su mandato hizo obras "simplemente de saneamiento, no de consolidar urbanísticamente porque no es presentable tener a unos vecinos sin agua y en un barrizal".

Solución

La solución a este problema es, en su opinión, "urbanística, integrando lo que se pueda" y ha insistido en que "se está en espera de una sentencia del TSJA y de la modificación urbanística de la zona".

Blasco ha recordado que a la denunciante se le ha subvencionado desde el Ayuntamiento para la recuperación de unos alfares por la fundación privada que preside y también se le han pagado expropiaciones.

La zona del asentamiento de Pomecía donde reside el colectivo gitano es una rambla que hace décadas estaba alejada del casco urbano, pero, en la actualidad, está dentro del límite que marca la vía perimetral considerada como zona urbana.