Los tres exgestores del Consejo del Jamón niegan el descontrol y los gastos injustificados

Se declaran inocentes en el juicio ante la Audiencia y niegan haberse lucrado con fondos de la entidad . El fiscal les acusa de apropiación indebida y pide para cada uno 3 años de cárcel y el pago solidario de 300.000 €.

Los tres acusados prestaron ayer declaración ante los magistrados de la Audiencia Provincial.
Los tres acusados prestaron ayer declaración ante los magistrados de la Audiencia Provincial.
Jorge Escudero

Los tres exdirectivos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel que están siendo juzgados por la Audiencia Provincial por un presunto delito de apropiación indebida defendieron ayer su gestión y se declararon inocentes, negando rotundamente ante el Tribunal haberse lucrado en algún momento con fondos procedentes de dicha entidad.

La primera en declarar fue Pilar Martín, presidenta del CRDO entre 2009 y 2013 –el periodo investigado por la Justicia tras una denuncia presentada por su sucesor en el cargo, Eugenio García–. La que fuera en aquella época cabeza visible del Consejo destacó que nunca tuvo sueldo, que decidió reducirse a la mitad la dieta por viajes –a 60 euros– y que intentó siempre aleccionar a los miembros de la institución de que había que contener el gasto.

Martín dijo que lo que la Fiscalía –única acusación en el caso– llama sobresueldos era el pago a los trabajadores del CRDO por las horas de más que hacían en la filial de esta entidad, Promorigen, una empresa creada para promocionar el jamón. Agregó que ni siquiera quiso llevar teléfono móvil comprado por la institución y que en la misma cena de empresa en que recibió como regalo un reloj de marca –lo mismo que otras dos mujeres mientras que varios hombres fueron agasajados con una bufanda– advirtió a los presentes de que ese tipo de obsequios no debían repetirse.

La expresidenta subrayó que "había control administrativo", que nunca tuvo conocimiento de "gastos absurdos", pues no los hubiera "tolerado", y que nunca repostó gasóleo a cargo del CRDO.

Por su parte, el presidente de Promorigen y vicepresidente del CRDO, Clemente Garcés, afirmó que nunca cobró "ni un céntimo del Consejo" y que incluso en una feria fuera de Teruel se pagó de su bolsillo el alojamiento. A preguntas del fiscal respondió que nunca tuvo conocimiento de gastos injustificados por parte del entonces gerente, Fernando Guillén –otro de los acusados– afirmando, además, que este tipo de profesionales "viajan más que el ‘baúl de la Piquer’ y siempre con la mano en el bolsillo para pagar cosas".

"Yo me autocontrolaba"

El exgerente Fernando Guillén resaltó que de 2009 a 2013 el CRDO tomó parte en más de 600 actos relacionados con el sector y que a esta frenética actividad se debieron los gastos ahora cuestionados, como la compra, en bloque, de 16 teléfonos móviles y las extracciones bancarias y pagos con la tarjeta del Consejo. "Yo me autocontrolaba; no hay ningún gasto injustificado, siempre hice liquidación de todo", declaró.

Guillén explicó que se compró unas gafas de 500 euros con cargo al CRDO porque las suyas se rompieron con la puerta del coche mientras trabajaba. Dijo que no le sorprendió el gasto en gasóleo que soportaba la entidad –hasta 90.000 euros sin justificar, según el fiscal– porque cada inspector encargado de velar por la calidad del jamón hacía al día un buen número de kilómetros. Añadió que todos los gastos en comidas fueron necesarios.

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, que en su escrito de calificación sostiene que la filial Promorigen pudo crearse para descapitalizar al CRDO –se nutre de subvenciones públicas y tasas de los jamoneros– y eludir el control del Consejo, Guillén señaló que Promorigen es solo "un brazo" del CRDO, sin ingresos propios al no producir nada y con el único fin de promocionar el jamón, por lo que se limitaba a facturar al Consejo por los trabajos de difusión del pernil que realizaba.

La Fiscalía –única acusación en el proceso– atribuye a los tres exdirectivos un delito de apropiación indebida y pide para cada uno de ellos tres años de prisión y el pago solidario de 300.000 euros al Consejo, por entender que a esa cuantía asciende el déficit que ocasionó su presunta gestión irregular a dicha entidad. El juicio continúa hoy con la declaración de testigos, casi 40.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión