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Teruel

Detenidos tres empresarios por defraudar 2.676.695 euros para subvenciones en Teruel

Los fondos, obtenidos en 2010 y 2011, debían haberse destinado a la reindustrialización de la provincia de Teruel, pero fueron desviados a cubrir gastos improductivos o particulares.

Actualizada 02/08/2016 a las 12:37
Una de las estructuras construidas para defraudar dinero público.Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres empresarios por un delito de fraude en subvenciones. Además, se ha tomado declaración como investigados a otros cuatro más. El montante total de lo defraudado asciende a 2.676.695 euros a lo largo de los años 2010 y 2011. Esa cantidad, que debería haberse destinado a la reindustrialización de la provincia de Teruel, fue desviada a cubrir gastos improductivos o particulares.

Las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Alcañiz, a finales del año pasado, en base a una primera denuncia de la Seguridad Social contra una empresa dedicada al desarrollo y producción de coches eléctricos. Esta sociedad percibió fondos, mediante préstamo o subvención de diversas administraciones (Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, etc.), todas ellas con el mismo fin, la reindustrialización de la provincia de Teruel.

En esta provincia, concretamente en Alcañiz, la citada sociedad iba a instalar una fábrica de vehículos eléctricos, para lo que llegó a percibir casi 1.800.000 de euros de dinero público. Así, llegó a construir una nave en el polígono industrial de Motorland, donde, sin embargo, nunca se llegó a producir nada.

Con ese dinero, el empresario (uno de los tres detenidos) hizo un aumento fraudulento del capital social de la empresa, de 3.000 a 500.000 euros. Aportó las mismas facturas justificativas de gastos a los diversos entes públicos a los que solicitaba fondos.

Tal y como señalan los representantes de las empresas proveedoras y emisoras de las facturas de mayor importe, la operativa que venía siguiendo el empresario era solicitar una factura con un pedido voluminoso con el fin de mostrar expectativas de negocio, y realizar un abono que se retrocedía por otra vía con diferentes excusas, realizando unos primeros pagos al servirse una parte de material lo que daba una falsa sensación de solvencia. Se abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA para después dejar impagado el resto, aportando la factura completa a la administración como justificante de gasto.

Con esta operativa se obtenían tanto las facturas como los justificantes bancarios de pago, que se presentaban como justificación de gasto a las diferentes administraciones de las que percibía las ayudas públicas, a las que se ocultaban en realidad los movimientos bancarios de retrocesión de los pagos realizados, que se hacían a través de otras cuentas que tenía la sociedad. Se aportaban a la Administración igualmente facturas falsas de sociedades instrumentales creadas por el mismo empresario, por un importe de 408.200 euros.

Parte de los fondos percibidos eran usados de forma particular por el empresario para viajes, pago de la hipoteca particular, pago de nóminas, cursos de formación, reintegros en efectivo…

Por parte de distintas instituciones públicas (el Instituto Aragonés de Fomento, la Dirección General de Industria del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Industria y el de Hacienda), la sociedad señalada fue objeto de diversas inspecciones que concluyeron con la obligación de devolución de los fondos percibidos por no consecución de los objetivos, y por fraude en las facturas presentadas, sin que se pudieran hacerse efectivas estas reclamaciones.


311.5000 € del Ministerio de Industria para instalar otra fábrica de coches eléctricos en Ejea de los Caballeros

Otra de las sociedades investigadas presentó un proyecto de fabricación de coches eléctricos, que iba a instalarse en Ejea de los Caballeros, para lo que percibió un préstamo de 311.500 euros del Ministerio de Industria. Sin embargo, la fábrica no llegó a instalarse nunca, y los fondos percibidos fueron transferidos a las cuentas personales del empresario (también detenido), que las usó para saldar deudas en otras empresas en las que participaba.

La tercera persona detenida es un empresario que constituyó una sociedad con el fin de construir una fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, sector en el que no tenía ninguna experiencia ni tampoco conocimientos, en la localidad de Andorra (Teruel). Allí llegó a adquirir una parcela y a iniciar las obras de la construcción de la nave.

La razón por la que seleccionó la localidad turolense de Andorra es porque otros dos intermediarios le prometieron la obtención de 600.000 euros del Ministerio de Industria para la reindustrialización de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, cosa que efectivamente lograron sin ningún problema. Una vez obtenidos estos fondos, se crearon diversas empresas instrumentales a través de las cuales se iban moviendo estos fondos y generando facturas falsas que se aportaban a la Administración como justificación de gastos que no concordaban con la realidad de los gastos realizados.

La mecánica que empleaba era la siguiente: realizar transferencias por diversos importes a estas sociedades. Aportaba al expediente del préstamo del Ministerio de Industria, las facturas que se autorealizaba y el justificante de las transferencias efectuadas. Simultáneamente, realizaba una retrocesión de estos pagos mediante cheques, ocultando estas retrocesiones al Ministerio de Industria y dedicando los fondos a otros fines.

De este modo, el empresario realizó reintegros en efectivo por importe de 147.320 euros y gastos particulares por importe de casi 100.000 euros. Traspasó fondos a otras empresas de su propiedad en Madrid y a sus colaboradores, empresarios de Guadalajara, por importe de 250.000 euros, que destinaban este dinero a las incipientes obras que se realizaron en Andorra y que, en gran parte, reintegraron en efectivo, apoderándose de los citados fondos.

Las investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
 







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