La siniestralidad laboral en la provincia de Teruel ha registrado un incremento del 15,9% en el primer trimestre de 2016, mientras que la afiliación a la Seguridad Social sólo ha aumentado el 4%.

La secretaria de CC.OO. en Teruel, María Luz Benedicto, ha opinado que se trata de datos "significativos" que reflejan problemas de precariedad y calidad en el empleo, para añadir que si solamente se atiende al sector industrial el aumento de la siniestralidad sube al 23,78 por ciento, con índices más altos que en las provincias de Zaragoza y Huesca.

Benedicto ha presentado junto con el responsable de la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. en Aragón, Benito Carrera, un estudio realizado por esta organización sindical con motivo del veinte aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Carrera ha informado que en Teruel la siniestralidad laboral ha descendido en estos veinte años en un 54,2%, aunque ha matizado que en las estadísticas, por ejemplo, no se cuentan los fallecidos en el sector agrícola, si no estaban en edad laboral y ha puesto el ejemplo de los accidentes de tractor.

El total de trabajadores que en estos años han sufrido accidentes, señala Benedicto, asciende en Teruel a 41.610, "una cifra superior al número de habitantes de la ciudad de Teruel" y de ellos 135 fallecidos, diez de ellos in itinere, es decir, cuando iba o volvían de su puesto de trabajo.Enfermedades laborales

Benito Carrera se ha referido a nuevas formas de analizar la salud laboral y ha mencionado los "más de 9.000 cánceres no registrados" como afecciones laborales.

En este sentido, ha señalado que de los 649 trabajadores en vigilancia por haber estado en contacto en algún momento de su vida laboral con el amianto, el 8,65 por ciento han enfermado y considera necesario "que se reconozca esa enfermedad laboral", aunque la persona afectada ya esté jubilada.

Asimismo, ha estimado que otra de las asignaturas pendientes en materia de salud laboral son los "riesgos psicosociales como infartos o ictus" que se generan por estrés, fatiga, Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y miedo al despido en un momento de crisis económica, para los que sería necesario realizar una investigación y poner en marcha medidas de carácter preventivo.

Según Carreras, en estos veinte años de aprobación de la ley también ha habido elementos positivos, como "generalizar la prevención, políticas públicas activas contra la siniestralidad y el papel los delegados en prevención".