Solo la mitad de los alcaldes detenidos en los últimos tres años en España dimitieron

zaragoza. Siete de los quince alcaldes (16 si se suma a esta lista a la edil de La Muela, María Victoria Pinilla) detenidos por corrupción en los últimos tres años en España han dimitido de sus cargos y únicamente uno de ellos fue inhabilitado por el juez. El PAR ha solicitado a Pinilla que renuncie a su cargo y a su acta de concejal, pero parece más que difícil que acepte y siga el ejemplo de sus homólogos de Marbella (Málaga), Telde (Gran Canaria), Andratx (Mallorca), Estepona (Málaga), Benitatxell y Bigastro (Alicante), y Alcaucín (Málaga).

Algunos de ellos comparten delitos con la edil de La Muela, -acumula nueve-, como cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación o malversación de caudales públicos, y otros están acusados de delitos contra la ordenación del territorio o irregularidades urbanísticas. Ningunos de ellos tiene una sentencia firme, pero todos tienen en común que gobiernan municipios de la costa levantina o de las islas. La única excepción es María Victoria Pinilla, que frente al urbanismo de la playa, ha apostado por la riqueza de los molinos.

Las elecciones pasan factura

Entre los que sí han dejado su cargo, destaca la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, que fue detenida en marzo de 2006, dentro de la Operación Malaya en la que fueron procesadas más de un centenar de personas. Estuvo en la cárcel hasta septiembre, cuando quedó libre tras pagar una fianza de 60.000 euros. El popular Francisco Valido, ex alcalde de Telde, dimitió de su cargo y la Corporación eligió al único concejal del PP que no estaba imputado para sustituirle. En las elecciones de 2007, el PP perdió los comicios. Su homólogo de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), es el único alcalde que ha sido inhabilitado por prevaricación durante siete años. Ha sido condenado a cuatro de cárcel por una de sus causas.

Antonio Barrientos (PSOE), de Estepona, decidió motu proprio abandonar la Alcaldía y a su partido tras ser detenido por corrupción y quedar en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Juan Cardona (independiente), alcalde del municipio alicantino de Benitatxell, volvió a su Ayuntamiento después de quedar en libertad. Siete meses después lo abandonó. Fue acusado de un presunto delito de prevaricación y cohecho por una recalificación de terrenos.

Su vecino de Bigastro, José Joaquín Moya (PSOE), dimitió en el calabozo en octubre de 2008. Sobre él pesan supuestos delitos contra la ordenación del territorio, malversación, prevaricación y falsedad. El último en dejar su cargo ha sido José Manuel Martín (PSOE), alcalde de Alcaucín. Lo hizo en febrero de este año tras verse involucrado en una operación contra la corrupción urbanística junto a otras 12 personas y ser acusado de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y prevaricación urbanística.

Ocho ediles, en cambio, y pese a la gravedad de los delitos que se les imputan a algunos de ellos, han preferido seguir al frente de la gestión de su ciudad o municipio. El primero en seguir esta dinámica fue el alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP). Fue detenido en enero de 2007, pero quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros al día siguiente. En enero, la Fiscalía pidió que se le inculpara a él y a otras 24 personas en el caso Troya que investiga una trama de corrupción urbanística. El alcalde de Mogán (Gran Canaria), José Francisco González (PP), fue imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. La primera causa fue archivada.

José Martínez Andreo (PP) quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la Alcaldía de Totana (Murcia). La denuncia por cohecho fue sobreseída.

Cándido Trabalón, del Partido Andalucista y alcalde del municipio almeriense de Zurgena, sigue al frente del Ayuntamiento pese a estar implicado en una presunta concesión irregular de licencias para pisos. También Daniel García Madrid (PP), alcalde de Torre Pacheco (Murcia), se reincorporó a su puesto de trabajo, así como el alcalde de Zarra (Valencia), Juan José Rubio, y el de Librilla (Murcia), el popular José Martínez.

Uno de los alcaldes detenidos más recientemente, el edil de Castro Urdiales (Cantabria), Fernando Muguruza, también eludió dejar la Alcaldía y sigue al frente de su municipio. Está acusado de los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación en relación con la construcción de una promoción de viviendas.

Hasta ahora, la balanza de las renuncias y las permanencias se mantiene igualada. Pinilla podría inclinarla hacia un lado u otro en función de la decisión que adopte la edil zaragozana.