Un porcentaje de los 84 propietarios de terrenos de La Almolda susceptibles de albergar Gran Scala se reunieron ayer, a partir de las 20.45, en el salón social de la localidad con el objetivo de abrir un foro de debate "público" y "real" e intentar "acabar" con el papel mediador que se ha "autoadjudicado" el Consistorio monegrino en el proceso de negociación de la venta del suelo, según explicó el concejal independiente y promotor del encuentro, Pedro Olona.
En su opinión, la alcaldesa socialista del municipio, Ángeles Labarta, junto a otros cargos políticos de la zona, están obviando el sentir de los propios implicados e intentando "manipular" su voluntad. "Aquí no sabemos nada, se han olvidado de los pequeños propietarios y por ello, hemos decidido intentar unirnos y hacer públicas nuestras reivindicaciones", apuntó Olona.
En este sentido, la reunión estaba encaminada a consensuar hasta un total de diez reivindicaciones vinculadas con el proceso de instalación del complejo. En relación a la opción de compra formalizada por los representantes de ILD, el texto a debatir, redactado en base a distintas conversaciones entre propietarios, se muestra de acuerdo con la tasación de las fincas (9.000 euros para el secano y 6.000 para el resto). Sin embargo, exige que la operación esté "exenta de impuestos" y, además, añade la posibilidad de que los propietarios sean los beneficiarios de la plusvalía de los terrenos, se exige una prima mayor al 5% propuesto desde el consorcio promotor y se solicita reducir a "seis meses" el periodo de cesión de derechos redactado en la opción de compra. "Dos años es excesivo, nadie sabe si puede necesitar vender", explicó Olona.
Proceso "sin interferencias"
Asimismo, el texto exige al Ayuntamiento que "no interfiera en el proceso de compra y se limite a aportar la documentación requerida". Por otro lado, según explicó Olona, otras de las propuestas son crear una "junta de propietarios y nombrar a un portavoz", requerir la apertura de una oficina de información y, además, obtener el compromiso de la DGA de que "podrá llevarse a cabo el traslado a otra zona de las 530 hectáreas de regadío aprobadas en el municipio". Del mismo modo, el concejal insiste en que, aunque la mayoría de los propietarios están dispuestos a vender y apuestan por la creación de Gran Scala, tiene que haber una fórmula, como el canjeo, que proteja a los que decidan no hacerlo. Al cierre de esta edición, se desconocía el grado de consenso alcanzado por los participantes en la reunión y qué finalidad inmediata tendría el texto debatido.
Por otra parte, Olona denunció la existencia de negociaciones unilaterales, en las que solo intervienen "cuatro o cinco grandes propietarios", que concentran alrededor del 40% de las 2.500 hectáreas necesarias para la ejecución del proyecto. "Sabemos que se están llevando a cabo y nos sentimos excluidos", puntualizó.
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