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Nada más conocer la sentencia que le niega una vez más la propiedad de más de 80 de las piezas de arte sacro en disputa con Barbastro-Monzón, el obispado de Lérida manifestó en un comunicado que "acata" esta nueva resolución judicial contraria a sus intereses, aunque en esta ocasión no había sido planteada por la diócesis, sino por una asociación cultural, los Amics del Museu. La entidad anunció ayer mismo que apelarán el fallo en los próximos días. A este recurso se aferraron los representantes políticos de las instituciones que forman parte del Consorcio del museo ilerdense en el que se custodian las obras para confiar en que se estudie la documentación que, a su juicio, prueba la propiedad.

En su comunicado, la diócesis alabó el "trabajo, gran esfuerzo y estudio por parte de la juez", que ha dictado una sentencia "muy elaborada y argumentada", añadió su abogado, Javier Gonzalo, quien destacó que en la sentencia se reconoce "la voluntad" del obispo, Joan Piris, de devolver las obras a su dueño, que es lo que "siempre hemos pretendido". Por ello, aunque en el comunicado no se hace ninguna mención expresa a la devolución, Gonzalo consideró que el prelado barbastrense, Alfonso Milián, y el Gobierno de Aragón "tendrán que pedir explicaciones a la Generalitat", a la que la diócesis acusa de impedirle cumplir en el seno del Consorcio del Museo de Lérida el mandato del Vaticano de entregar las piezas.

Para el letrado del colectivo demandante, Francesc Sapena, la sentencia es "tan respetable como apelable", por lo que ya adelantó que la recurrirán. Su objetivo será convencer a la Audiencia Provincial de que les deje presentar y estudie la documentación recopilada en su día por el entonces obispo, Xavier Ciuraneta, con la que pretenden demostrar que los bienes sí fueran comprados.

"No hay que preocuparse"

Por su parte, en una comparecencia conjunta, los miembros del Consorcio del Museo restaron importancia al fallo. El alcalde de Ángel Ros; el delegado de la Generalitat, Miquel Pueyo; el presidente de la Diputación, Jaume Gilabert, y el presidente del Consejo Comarcal del Segrià, Ricard Pons, aseguraron que "no conlleva cambios importantes en el litigio". "No hay que preocuparse porque tenemos los documentos que prueban la propiedad, que son fundamentales y decisorios y que se verán en apelación", aseguró Gilabert.