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La alcaldesa de La Muela y su familia obtuvieron presuntamente pingües beneficios con la sola promesa de recalificación de los suelos de una de las operaciones investigadas, el Suelo Residencial 1 (SR1) situado junto a la autovía de Madrid. María Victoria Pinilla se embolsó 3,4 millones de euros con la venta de las fincas al empresario encarcelado, José Carlos Fernández Delgado, quien también tuvo que afrontar el pago de comisiones a la alcaldesa, según reveló en varias de las escuchas policiales.

El pelotazo urbanístico, como lo llega a calificar la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, fue de manual. Tal y como recoge su investigación, los suelos se compraron a sus dueños originales a precios bajísimos en 2003 y 2004, cuando únicamente el entorno de la alcaldesa sabía que se recalificarían unos años después. Pinilla y su marido, Juan Antonio Embarba, incluso participaron directamente en la operación para luego salirse con la pretensión de no dejar rastro. Y para colmo hubo un supuesto pago de comisiones por la información privilegiada que obtuvieron el empresario y la gestora inmobiliaria que ejerció de intermediaria, María Jesús V., imputada también en el caso.

Inversión multiplicada por seis

La capacidad de amasar dinero del matrimonio Embarba Pinilla no parece tener límites. Para las 16 hectáreas situadas entre su mansión y la autovía diseñaron su desarrollo urbanístico, sobre las que se construirán ahora 693 viviendas libres y protegidas. En 2003 y 2004, el empresario Julián de Miguel, presidente de Aranade y gestor de la sociedad urbanística municipal, compró tres de las fincas por entre 36,14 y 39,07 euros el metro cuadrado y las revendió a la empresa de Fernández Delgado (Brocover) "tres años y cinco meses después a 216 y 220 euros", lo que supuso quintuplicar y sextuplicar con creces su valor. De Miguel, igualmente imputado, ha eludido la cárcel tras pagar una fianza de 120.000 euros.

Los beneficios netos superaron los 6,8 millones de euros como consta en las escrituras, de los cuales la mitad le corresponderían a la alcaldesa y a su marido. Julián de Miguel participó en esta operación a través de una de sus empresas, Tudela Inmobiliaria Gestión, de la que el matrimonio Embarba Pinilla compró el 48% de las participaciones en marzo de 2004. "Esta venta de participaciones coincidió con la primera fase de la negociación entablada con José Carlos Fernández Delgado", señala la investigación. Un año y medio después, transmiten de nuevo su parte a la familia De Miguel para borrar su rastro en la operación.

Los terrenos, calificados como suelo urbanizable no delimitado, se vendieron a precio de urbano. Incluso se pagaron más caros que los que se estaban vendiendo entonces los del Alto de La Muela Norte, que eran urbanizables delimitados. "La información que se facilitó a los representantes de Brocover antes de embarcarse en esta inversión fue que ese suelo iba a ser recalificado en breve, razón por la cual pagaron el metro cuadrado a unos precios tan elevados", señala el informe policial.

Los investigadores destacan que a los 6,8 millones de beneficio neto por la venta de las fincas se unió "el dinero cobrado en B", unos 400.000 euros, según las conversaciones mantenidas entre el empresario encarcelado y la intermediaria imputada, María Jesús V., a mediados de octubre del año pasado.

El empresario madrileño también compró al mismo tiempo dos fincas de particulares de La Muela de la misma pastilla, por lo que desembolsó a lo largo del primer semestre del 2006 más de trece millones de euros. En total, adquirió casi 7 de las 16 hectáreas del SR1, en la que ostenta más del 77% en la junta de compensación de la primera fase.

En las numerosas conversaciones telefónicas que mantiene con los imputados, Fernández Delgado revela el presunto pago de comisiones. En una de las llamadas intervenidas le asegura a la intermediaria que la alcaldesa "se ha llevado 750 millones" de las antiguas pesetas, "más lo que se quería llevar su hijo (Víctor), que no es ninguna tontería". En otra le confiesa, con evidentes muestras de su malestar, que Víctor Embarba Pinilla "quería ganar 600 millones de pesetas sin dar el palo, nada más por el mero hecho de traficar con información privilegiada".

El empresario encarcelado estaba desesperado por el monumental retraso en la aprobación del plan parcial, lo que estaba suponiendo el impago de los créditos contraídos para financiar la adquisición de los suelos. La situación le llevó incluso a preparar un extenso dosier con todos los presuntos contactos mantenidos con la alcaldesa y su entorno, que llegó a esgrimir para que Pinilla le prestara dinero negro.

Sus serias diferencias con la alcaldesa le llevaron a confesar a su hermano Jorge en otra conversación telefónica, mantenida en octubre del año pasado, que no pensaba entregarle el dinero pendiente a Mariví Pinilla en concepto de comisiones, "casi tres millones". Llegan a la conclusión de que el coste de la adquisición del suelo se les ha disparado, aunque los números de la operación siguen saliendo. El empresario lamenta que los retrasos en la aprobación del plan parcial, que sale adelante en noviembre pasado, les ha supuesto un "lucro cesante de seis millones".

Su malestar llega hasta el punto de decir que a la única persona a la que va a pagar las "comisiones firmadas" es a María Jesús V., pero que el resto no van a ver "un chavo".